González y Pujol

LA ENTREVISTA entre el presidente del Gobierno, Felipe González, y el de la Generalitat, Jordi Pujol, ha arrojado escasos resultados concretos y ha evidenciado más de un desacuerdo en temas específicos (compromiso de las distintas administraciones en las obras para los Juegos Olímpicos de 1992, financiación del catalán). Pese a ello, ha resultado un acontecimiento político del máximo interés -paradoja que desconcierta a algunos medios-, por el solo hecho de su celebración tras 23 meses de ausencia de diálogo directo, por su larga duración y porque ocurre en el marco de una gran fluidez de la escena política española que puede desembocar en la pérdida de la mayoría absoluta socialista y la necesidad de acuerdos parlamentarios o de gobierno con otros partidos.En este sentido, la entrevista de González y Pujol es un encuentro entre dos políticos con posiciones prácticas bastante coincidentes en política exterior, en el ajuste de la economía, en la lucha contra el terrorismo o en cuestiones de defensa. No existen entre ellos contenciosos dramáticos generados por la dialéctica partidaria, la representación de distintos grupos sociales o las diferentes modulaciones de la política autonómica. La reunión del miércoles fue no tanto una aproximación como una liturgia que allana el terreno para posibles acercamientos futuros.

El distanciamiento entre esta y la anterior entrevista (celebrada en abril de 1987) vendría a justificar el carácter de encuentros en la cumbre con que se las presenta en los medios nacionalistas, como si de relaciones diplomáticas entre jefes de Estado se tratara. En las dos últimas reuniones de González y Pujol, el Gobierno ha introducido un elemento nuevo, consistente en recibir previamente al líder de los socialistas catalanes, Raimon Obiols. Con este gesto pretende reforzar la imagen de Obiols como jefe de la oposición en Cataluña y subrayar ante Pujol que no puede haber buenas relaciones entre ambas partes sin la intervención de los socialistas catalanes.

También la presencia del ministro de Administración Territorial, Joaquín Almunia -así como la reunión de ayer con José María Aznar, presidente de Castilla y León-, ha servido, como contrapartida, para atemperar la solemnidad del acto y quitarle ese carácter de cumbre que le ha impreso el dirigente nacionalista. Pero las tres horas con el presidente del Gobierno hablan bien a las claras de la importancia de la reunión, no tanto por los temas tratados -meras excusas o ejercicios en muchos casos, incluso en el asunto de cómo se financia el fomento del idioma, tan sensible para la opinión catalanacomo por el tanteo de las posibilidades de comprensión futura. Para los socialistas, los votos convergentes pueden ser útiles tras las próximas legislativas. Para los convergentes, la entrada en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, o incluso en el Gobierno, puede significar el fin de un túnel complejo e interminable, cuyo episodio más amargo fue la operación reformista.

La entrevista de ayer se celebró en uno de los mejores momentos en las relaciones entre los Gobiernos socialistas y los de Pujol desde 1982. Relaciones prácticamente inexistentes en la anterior legislatura autonómica, marcada por los avatares de la querella por el asunto de Banca Catalana. Portavoces socialistas no ocultan su satisfacción por el comportamiento parlamentario del grupo de Pujol. Éste apoya la política económica del Gobierno del PSOE, su política exterior y su actuación en áreas muy delicadas, como interior y defensa. Las diferencias en política autonómica no van más allá de conflictos específicos. Estas diferencias son presentadas en Cataluña por el nacionalismo conservador como consecuencia de la falta de sensibilidad autonómica del PSOE, pero en el marco general español no ponen en cuestión la orientación global de la política autonómica. En resumen, se ha solemnizado el desbloqueo de las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Y eso ya es interesante en sí mismo, independientemente de cuál pueda ser su resultado final.