El Colegio de Médicos de Asturias denuncia a un centro municipal por abortos

El juez de instrucción número 1 de Avilés, Julio García Lagares ha admitido a trámite una denuncia presentada por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias contra el Centro de Planificación Familiar de Avilés por la comisión de presuntos delitos de abortos ilegales. El Centro de Planificación Familiar de Avilés depende del ayuntamiento de la localidad, del Insalud y de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional de Asturias.Según el informe que acompaña a la querella presentada por el Colegio de Médicos, en la comarca de Avilés se han realizado a lo largo del último año 177 abortos provocados, en los que en el centro de planificación ha tenido supuestamente alguna intervención. De ellos, un 22% obedecieron a razones económicas; un 13%, a la inexistencia de relaciones estables en la pareja; un 18% por no desear más hijos; un 17% a soltería o separación conyugal; un 17%, a la extrema juventud de la madre; un 4%, a la avanzada edad de la mujer; un 3%, al excesivo número de hijos del matrimonio; y un 6% a las malas relaciones con el cónyuge.

Supuestos no legales

El colegio de médicos señala en la querella que tales supuestos no se corresponden con las situaciones previstas en la ley despenalizadora del aborto, que admite razones terapéuticas, éticas y eugenésicas, por lo que solicita el procesamiento de cuantos hayan participado en dichas intervenciones, que considera punibles y tipificadas en el artículo 417 bis del Código Penal. Las cifras sobre abortos realizados en Avilés y su comarca fueron facilitados semanas atrás por el propio centro de planificación al diario Laz voz de Asturias de Oviedo y hacen referencia a personas que pasayon revisión en dicha institución después de haber abortado en clínicas privadas. El juez considera "procedente la incoación del oportuno sumario", una vez que el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Jorge Valdés, se ratificó en su denuncia.Ésta es la primera vez que un colegio oficial de médicos decide presentar una denuncia ante los tribunales por un supuesto delito de aborto.

Javier Valoria, vicepresidente del colegio oficial de médios de Madrid, manifestó recientemente, a raíz de una denuncia presentada por la asociación Provida contra la clínica Dator, que los facultativos que trabajan en ese centro serían sancionados por la comisión deontológica del colegio. Los centros de planificación familiar hicieron público en el otoño de 1986, antes de que las clínicas privadas fuesen legalizadas, que colaboraban con esos centros. El 90% de los abortos realizados en los centros privados se encuendran dentro del supuesto de "peligro para la salud mental de la madre".

Isabel García, secretaria de la Federación de Asociaciones de Planificación Familiar, manifestó ayer que los facultativos que trabajan en los centros de planificación tienen la obligación moral de atender a todas las personas que acuden a ellos.