Mangada gana la partida a Espelosín y logra el apoyo municipal a la expropiación forzosa en Valdebernardo
El consejero socialista del Gobierno regional Eduardo Mangada ganó ayer la partida al concejal del mismo partido y de la misma área en el Ayuntamiento de Madrid Jesús Espelosín en el polémico asunto del polígono de Valdebernardo. El consejero era partidario desde un principio de la expropiación forzosa, mientras que el concejal ha defendido la negociación con los afectados, en la que volvió a insistir ayer, pese a asumir ante el pleno las tesis de la Comunidad. El Ayuntamiento, con los votos del PSOE, CDS e IU, dio marchá atrás a un acuerdo del anterior pleno municipal y aprobó el Plan de Actuación Urgente número 4 (PAU 4) de Valdebernardo norte y sur por el sistema de expropiación forzosa.
El acuerdo aprobado supone un sustancial cambio de actitud de la corporación, al eliminar las trabas que el propio pleno, en su sesión del mes de enero, había fijado a la Comunidad de Madrid en relación con Valdebernardo. Entonces se exigió que se negociara con los propietarios del terreno y se rechazó la expropiación forzosa. Ayer se dió luz verde a la expropiación.El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid presentó como moción de urgencia la aprobación inicial del PAU 4 de Valdebernardo al no contar con el correspondiente dictamen de la comisión de Urbanismo. Jesús Espelosín, concejal de este área, reconoció en la presentación de los expedientes que existían algunas "observaciones técnicas", pero aseguró que podían ser aprobados según el informe realizado por los servicios municipales. Según Espelosín, el proyecto elaborado por la Comunidad de Madrid contempla la construcción de 6.000 viviendas, de las cuales el 10% serán de precio libre y el 90% restante de protección oficial.
Francisco Herrera, portavoz de IU, intervino para apoyar el programa de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid y aseguró que tanto el sistema de expropiación como el de convenio eran viables, por lo que si la Comunidad había elegido el de expropiación, su grupo no ponía ningún obstáculo.
José Luis Garro, del CDS, anunció que su grupo iba a votar a favor del planeamiento que se les proponía, en el que se incluye el sistema de expropiación forzosa, a la vista de la información facilitada por Mangada y a la garantía que da el consejero regional de que el proceso expropiatorio no impedirá una posible negociación con los propietarios del suelo afectados. Garro aseguró que su grupo estuvo dispuesto desde el primer momento a aprobar la expropiación, pero el pasado mes de enero apostó por la negociación con el fin de no poner en peligro la construcción de las viviendas sociales.
El portavoz centrista criticó, por otra parte, la falta de interés del equipo de gobierno para participar en las negociaciones con los propietarios, la "atípica" fórmula por la que se ha tramitado el expediente y la falta de información dada a los grupos sobre unas negociaciones de las que no tienen mas noticias que a través de un escrito de Mangada. "Si fracasa o se demora la construcción social exigiremos responsabilidades el equipo de gobierno del PSOE", dijo Garro.
El PP fue el más crítico. Enrique Villoria, en nombre de este grupo, recordó que el expediente no fue debatido en la comisión de Urbanismo al considerar su grupo y el CDS que no era tan urgente su debate para tratarlo fuera del orden del día. "Ahora, cinco días después, ha adquirido una tremenda urgencia y se presenta sorpresivarnente con apoyo de todos los grupos". Villoria dijo que la expropiación forzosa es la peor solución y recordó que el PP ya advirtió en enero que el sistema de "expropiación convenida" elegido por el pleno no existía y suponía dar una carta en blanco a Mangada.
Villoria indicó que en el expediente constan cartas enviadas por la Comunidad en octubre, tres meses antes de que el Ayuntamiento encargara el planteamiento de Valdebernardo, en las que el Gobierno regional se dirige a las compañías de servicios indicándolas que necesita saber, como encargado de la gestión del polígono de Valdebernardo, su capacidad de suministro a la zona. "La anticipación adivinitoria de Mangada es digna de todo elogio".
A continuación, Villoria se refirió a los 10 "defectillos" que presentan los expedientes, en los que faltan el informe jurídico, la memoria sobre infraestructuras previstas, los informes de secretaría general y del interventor, el referido al impacto ambiental que supondrá construir 6.000 viviendas en la zona; el estudio sobre accesos de la zona al distribuidor este a la futura M-40 y la concreción sobre qué organismo debe pagar los servicios generales que se realizarán en el polígono. "Jamás se ha visto un expediente con tantos reparos sin que haya quedado sobre la mesa. Son unos expedientes impresentables que deberían retirarse a no ser que se quiera boicotear su realización. Si se quiere evitar un interdícto y un cúmulo de recursos, lo natural sería presentarlo este mes; de no hacerlo así, el Ayuntamiento hará un flaco favor a la ciudad y a los fines de vivienda social", dijo Villoria, quien anunció medidas legales sobre el acuerdo puesto que es contradictorio con el adoptado el pasado mes de enero por la misma corporación. "Para modificar el acuerdo de enero debería declararse lesivo y ser impugnado, pues de no hacerlo así supondrá una grave vulneración de la legislación vigente".
Espelosín, tras reconocer como "innegables" la carencia en los expedientes de los citados documentos, aseguró que el debate era técnico y no político.
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