Es una "nacionalizacion encubierta", dicen los propietarios

La asociación de propietarios del Polígono de Valdebernardos acusan al consejero regional de Política Territorial, Eduardo Mangada, de una "nacionalización encubierta" de los terrenos del polígono, al tiempo que recuerdan su disposición a dialogar cuando el consejero les convoque debidamente. Los propietarios del polígono achacan también a Mangada haber montado una "ceremonia de la confusión" recibiendo a otras personas, que también se presentan como propietarios mayoritarios de los terrenos, pero que, según la asociación, apenas representan el 0,5% del total de los terrenos.Según los directivos de la asociación, cuando el pleno del Ayuntamiento de Madrid instó a Mangada a negociar con los propietarios, el consejero se limitó a hablar con otro grupo de propietarios, con los que no llegó a ningún acuerdo, lo que dio pie a Mangada, ante el "fracaso de las negociaciones", a enviar de nuevo el proyecto de expropiación forzosa al Ayuntamiento. Este otro grupo de propietarios había formalizado opciones de compra a lo largo de 1987, que caducaron en marzo de 1988, cuando sólo se habían ratificado tres opciones, por un total aproximado de 15.000 metros cuadrados, lo que apenas representa el 0,5% del total del polígono.

Para la asociación del Polígono de Valdebernardos, constituida en 1.977, ellos son los únicos representantes de los intereses de la mayoría de los propietarios, y es precisamente con ellos con quienes Eduardo Mangada no ha hablado en ningún momento. Los citados propietarios recuerdan que Mangada quiso expropiar los terrenos en 1981, cuando era concejal responsable del área de Urbanismo municipal. Los propietarios afirman que, a raíz de su negativa, Mangada les "castigó" haciendo que, en el Plan General, los terrenos fueran calificados como no urbanizables, lo que impidió su aprovechamiento urbanístico para construir viviendas. "Puesto que en 1981 no pudo adquirir Valdebernardo al precio y condiciones que él imponía, decidió primero dejarlo inutilizado y después expropiarlo", dice el escrito remitido por los gestores de la asociación.

En los últimos meses, representantes de la asociación han intentado mantener alguna entrevista con Mangada, sin conseguirlo, por lo que el 16 de febrero le enviaron una carta en la que se le advertía que "sería fraudulento cualquier acuerdo o desacuerdo que aparentase establecer con personas que no representan a la mayoría de los propietarios, ni a las industrias existentes en el polígono".

Para los afectados, esta actuación, y la indefensión en que se les ha dejado, supone una nacionalización, que, aunque encubierta, es una figura que no se ajusta a la Constitución ni a los criterios fundamentales que rigen en la CE. En la carta, los directivos de la asociación muestran su intención de recurrir, si es necesario, al Tribunal Constitucional y al de La Haya.