Recurso del Partido Popular contra la gestión del polígono

José María Álvarez del Manzano, en representación del grupo municipal del Partido Popular, presentó el pasado sábado en el Ayuntamiento de Madrid un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el pleno el pasado mes de enero para la gestión del polígono de Valdebernardo. Este acuerdo es considerado por los recurrentes "de dudosa legalidad por infracción de la normativa urbanística", "un hecho que lesiona el principio de la autonomía municipal" y "una lesión grave de los derechos de los ciudadanos afectados".Según el recurso, la legislación fija que el municipio será el organismo que ejercerá las competencias en materia de ordenación, gestión y ejecución del planeamiento de su territorio, por lo que corresponde a las entidades locales la ejecución de los planes municipales y los planes de actuación urgente (PAU), como el de Valdebernardo.

La Comunidad de Madrid, según el recurso, podría subrogarse esta competencia sólo en el caso de que se produjera un incumplimiento de los plazos, situación que no se ha producido. El recurso recoge la existencia de informes contradictorios sobre la legalidad de la actuación y cuestiona el cambio de carácter de la actuación, que ha pasado de ser privada a pública, en contra de las previsiones contenidas en el plan general.

En concreto, se refiere a un informe del Jefe de Departamento de Ejecución de Planes y a otro de la secretaría jurídica que fueron solicitados días antes del pleno de enero y en los que se expresan dudas sobre la procedencia de éstos cambios.

6.000 millones

El Partido Popular entiende que este cambio va a producir un coste de más de 6.000 millones y al menos 10 años de recursos legales, pues se da por descontado que los propietarios afectados acudirán a los tribunales. Asimismo se indica que la posibilidad de modificar el plan general, contemplada en el acuerdo municipal de enero, podría suponer, según el recurso, una indefensión manifiesta al ser contrario a derecho que el Ayuntamiento adopte una decisión que vincula para el futuro los acuerdos del propio pleno municipal y de la Comunidad de Madrid, haciendo caso omiso de los periodos de información pública, alegaciones y posibles recursos.

Por último, los recurrentes consideran que al aprobarse la ejecución del planeamiento mediante el cauce de expropiación convenida, se produce una inseguridad jurídica por no estar esta figura contemplada en la legislación urbanística.

El Partido Popular, tras calificar el acuerdo de "despropósito jurídico", solicita la nulidad o modificación del acuerdo recurrido.