Educación exculpa a dos profesores de un colegio público de Alpedrete acusados de malos tratos
El Ministerio de Educación ha resuelto recientemente exculpar a María Trinidad Bernal, ex directora del colegio público Santa Quiteria, en Alpedrete, y a su esposo, Casimiro Prieto, profesor del matemáticas en el mismo centro, de las acusaciones de malos tratos a los alumnos vertidas contra ellos por un grupo de padres. La denuncia obligó al Ministerio de Educación y Ciencia al traslado de ambos profesores, a los que se abrió un expediente disciplinario.A su vez, la junta de personal de los sindicatos de la enseñanza de Madrid -formada por los representantes sindicales del sector de la educación- ha pedido, en un escrito dirigido a la delegación de Gobierno de Madrid, que se exijan responsabilidades a las personas que forzaron el cierre del colegio durante cinco días, en enero del curso pasado, mediante el sistema de clausurar las puertas con cadenas y candados.
En el escrito se pide también que se exijan responsabilidades a las personas que patrullaron por el pueblo "con piedras y palos" durante los días que duró el conflicto. Bernal y Prieto manifestaron en su día que los autores de aquellos hechos son los mismos que les amenazaron de muerte con llamadas anónimas y los tacharon de "rojos de mierda".
Estos insultos, según los profesores, y la situación creada entonces se explican por el descontento de los poderes fácticos del pueblo con el sistema de educación que impartían, calificado por Bernal y Prieto de progresista. La corporación municipal de Alpedrete decidió, en diciembre de 1987, declarar a ambos "personas no gratas e incompatibles ideológicamente con el vecindario".
Bernal calificó los hechos acaecidos como una campaña "tremendamente injusta y dolorosa" que venía gestándose desde las navidades de 1987 por la negativa a expulsar del centro a los hijos de unos inmigrantes extremeños conocidos en el pueblo como "los chinos" y "los chechos" y a elaborar unas "listas negras" para "limpiar de escoria el colegio". Estas presiones fueron hechas, aseguró Bernal, por la asociación de padres de alumnos, mientras era presidente Alfonso Pedragosa.
Bernal y Prieto manifestaron su intención de emprender las acciones judiciales pertinentes contra los responsables de aquellos hechos, ya que además de haber sido dañada gravemente su imagen y su honor se vieron obligados a abandonar el pueblo e incluso a vender una casa que se estaban construyendo para vivir en las inmediaciones del colegio. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite este caso.
Archivado En
- Colegios públicos
- III Legislatura España
- MEC
- Profesorado
- Estudiantes
- Niños
- Colegios
- Gobierno de España
- Comunidad educativa
- Infancia
- Legislaturas políticas
- PSOE
- Ministerios
- Gobierno
- Centros educativos
- Administración Estado
- Partidos políticos
- España
- Política
- Administración pública
- Sociedad
- Enseñanza pública
- Sistema educativo
- Educación