Un diálogo roto

Las vías de diálogo entre el Gobierno de Lorenzo Olarte y la Administración central están completamente bloqueadas en la actualidad. En el último mes y medio, tras la caída del anterior Gabinete, del también centrista Fernando Fernández, y la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, las diferencias han sido cada vez más profundas, hasta llegar a un punto de total divorcio.Desde el comienzo de esta guerra de los arbitrios, también bautizada como rebelión fiscal de Canarias, da la impresión de que Olarte, que accedió al Gobierno fuertemente cuestionado por la oposición socialista y comunista al implicarle en el caso inmobiliario, se siente con fuerzas, tras superar aquella ola de denuncias, para mantener el actual pulso con Madrid.

Lorenzo Olarte pidió, días atrás, ser recibido por Felipe González, que no llegó a entrevistarse con Fernández Martín, y advirtió que no pisaría "la moqueta del despacho de ningún ministro" hasta entonces. González le ha comunicado, a través del ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, que no podrá reunirse con él de momento por lo apretado de su agenda.

La batalla entre Canarias y Madrid es jurídica, y no política, según el Gobierno autónomo. En cambio, el PSOE opina que la pugna es "claramente política". En las últimas semanas, las autoridades canarias y centrales han mantenido una correspondencia tirante sobre el particular.

Carta

Olarte ha dado a conocer ahora la carta que envió a Felipe González el pasado día 19 de enero, en la que sostiene que Canarias no tiene competencias para proceder unilateralmente al desarme y que esa función sólo corresponde al Estado, ya que es el titular del arbitrio. El consejero de Hacienda canario, José Miguel González, formuló una petición el pasado 31 de diciembre de 1988 al ministro de Economía y Hacienda sobre instrumentación normativa de la gestión del desarme arancelario.

Con fecha 18 de enero, según se desprende del citado escrito de Olarte a González, el Gobierno canario acordó hacer la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de dicho arbitrio por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, ya que entiende que sólo le afecta la gestión del impuesto, y no su modificación.

En dicha carta, Olarte señala que, "en orden al estricto cumplimiento del calendario y cuadro de desarme del arbitrio, según el tratado de adhesión, se precisa la instrumentación de una norma estatal". Sin embargo, Madrid ha insistido en que sea Canarias la que dicte la circular correspondiente.