La CE inicia un procedimiento de infracción contra España por la 'rebelión fiscal' de Canarias

La Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra España por la negativa del Gobierno autónomo de Canarias a rebajar el arbitrio insular conforme a lo previsto en el tratado de adhesión. La carta de emplazamiento (mise en demeure) que desencadenará el proceso será enviada en los próximos días, según informó el director general de la Unión Aduanera y Fiscalidad Indirecta de la CE, el portugués Emilio Rui Vilar. La decisión ha sido comunicada verbalmente al representante permanente de España ante la CE, Carlos Westendorp.

El origen del conflicto entre España y la CE radica en la decisión del Gobierno autónomo canario de suspender el desarme del arbitrio insular que se aplica contra las importaciones. Sobre este impuesto -"discriminatorio", de acuerdo al criterio de la Comunidad Europea- existe la obligación de desmantelamiento gradual hasta su total desaparición en enero de 1993. Este compromiso está asumido en el acta de adhesión de España a la CE.La negativa a aplicar a partir del 1 de enero el 15% de rebaja en la tarifa del arbitrio prevista para este año responde a una rebelión fiscal canaria para presionar a la Administración central a que negocie una mejora de las condiciones del archipiélago dentro de la Comunidad.

El director general de la Unión Aduanera y Fiscalidad Indirecta de la CE, Rui Vilar, llamó en los primeros días de enero al representante español en Bruselas, Carlos Westendorp, y le emplazó a que el Gobierno tomara las medidas oportunas. El embajador pidió tiempo para recabar una respuesta, sobre todo con la intención de no estropear la puesta en escena de la presidencia española de la CE. El 17 de enero, el ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, presentó los objetivos del semestre ante el Parlamento Europeo, y el día 23, los titulares de Exteriores y de Agricultura inauguraron el mandato con la presidencia de sendos consejos de ministros comunitarios.

Tribunal de Justicia

Pasado el plazo de tregua, Rui Vilar volvió a ponerse en contacto anteayer con Westendorp y le comunicó que la Comisión Europea enviará en los próximos días la carta de emplazamiento al Gobierno.

"La situación", declaró el director general de la CE a este periódico, "es de infracción evidente, y como no hay perspectiva de evolución positiva, la Comisión Europea tiene la obligación de iniciar el procedimiento de infracción".

El Gobierno, de no poner remedio a la situación, contará con un plazo para presentar sus alegaciones, transcurrido el cual la comisión emitirá un dictamen motivado. De no alcanzarse un acuerdo, la salida última será elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la CE.

Fuentes de la Administración manifestaron que se han mantenido contactos con las autoridades canarias para buscar una solución a "esta salida de pata de banco". Representantes del Gobierno canario, encabezados por su presidente, Lorenzo Olarte, han negociado estos días en Madrid, y para el 6 de febrero está prevista una visita al archipiélago del secretario de Estado de Hacienda, Jose Borrell.

Competencias autonómicas

Aunque el Gobierno tiene la obligación de cumplir el acta de adhesión, ya que "un tratado internacional es de aplicación directa, igual que cualquier ley orgánica", su actitud de prudencia obedece al interés de no crispar el problema con un conflicto añadido de competencias autonómicas. Los juristas no se ponen de acuerdo sobre si el arbitrio es un tributo nacional o sólo insular, mientras el artículo 37.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias confiere al Ejecutivo autónomo competencias de gestión e inspección fiscal. Al parecer, el Gobierno autónomo, antes de lanzar su reto, estaba bien asesorado.

Cuando tomó la decisión, el nuevo presidente autonómico, Lorenzo Olarte, no hizo sino cumplir la amenaza anunciada en noviembre por su antecesor en el cargo, también del CDS, Fernando Fernández. "Si no suprimen las barreras contra nuestros productos, nosotros levantaremos barreras contra ellos", anunció este último entonces.

El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 8 de marzo un memorándum en el que se exige mantener el estatuto especial en la CE, que deja a las islas fuera de la Unión Aduanera, de la política comercial y de la aplicación del IVA.

E[ ingreso en la Política Agrícola Común (PAC) es contemplado últimamente como una posibilidad. Los canarios piden mantener la salvaguardia de importar los productos comunitarios a precios más baratos, beneficiándose de las restituciones comunitarias a la exportación, pero no estar sometidos a contingentes y otras trabas para la venta de sus productos. El Gobierno se ha negado hasta el momento a respaldar estas tesis en Bruselas porque considera que es "pedir imposibles".

Sobre la "situación canaria", la Comisión Europea está elaborando un informe que en principio debería comenzar a discutirse durante este semestre de presidencia española.

Reforma fiscal

Los Gobiernos central y canario mantienen, al margen, un contencioso sobre la reforma del régimen económico y fiscal del archipiélago. La recaudación del arbitrio insular se estimaba en 1986 entre 40.000 y 50.000 millones de pesetas anuales. Canarias plantea a Hacienda la compensacion por su desaparición, pero no hay acuerdo sobre las cifras.

Hasta ahora se ha procedido al desmantelamiento parcial de la tarifa general (entre un 1% y un 5%) del arbitrio. Los descrestes -un 10% en marzo de 1986 y un 15% en enero de 1987 y 1988- se habían realizado sin problemas mediante una circular de orden interno emitida por el Gobierno autónomo. "Hubo sólo que hacer una corrección para extender ese desarme a productos importados de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y no sólo de la CE". Desde el pasado 1 de enero, esa orden para recortar un nuevo 15% y situar la rebaja en un 52,5% del total no se ha producido. Existe además un arbitrio especíal, de entre un 6% y un 24% de tarifa, que se aplica a la importación a 24 productos considerados sensibles para los intereses económicos canarios. Esta tarifa especial deberá desaparecer de golpe también en 1993.

Hacienda estima que la recaudación no se ha visto afectada por la reducción, puesto que las importaciones canarias procedentes de la CE han crecido espectacularmente. Han pasado de 65.000 millones de pesetas en 1985 a 337.500 en 1987. Es justamente este año cuando iba a empezar a notarse el declive en la recaudación.