Jugar con fuego

LA HUELGA de los técnicos de mantenimiento de Iberia amenaza con hacer instalar para la eternidad en las salas de espera de los aeropuertos españoles una escenografía bien conocida por los usuarios durante los paros generales habidos en este sector en las primaveras de 1986 y 1987: vuelos cancelados; esperas interminables y resignadas, rotas en ocasiones por algún pasajero al borde de un ataque de nervios, y en definitiva, una situación de desinformación, desorientación y absoluta indefensión.El carácter gremialista y hasta insolidarlo de la acción reivindicativa emprendida por la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento (ASETMA) salta a la vista, así como el aprovechamiento desmedido que hacen sus afiliados de su ventajosa posición en la cadena del servicio. Aceptar -como pretende este grupo de trabajadores- la negociación de un convenio franja específico, al margen del que rige en general para los 21.500 trabajadores de tierra de Iberia, significaría abrir la puerta a que cada especialidad laboral pudiera tener su propio convenio, con el resultado de una fragmentación y corporativización de las relaciones laborales que podría poner en peligro, en última instancia, la posibilidad de una organización industrial razonable de la compañía. Lo cual no quiere decir que todas o algunas de las reivindicaciones de los técnicos de mantenimiento de Iberia no sean justas y que no puedan, por tanto, ser atendidas en el convenio general del personal de tierra de Iberia. Lo que exigiría a su vez no sólo una actitud receptiva de la dirección de Iberia, sino también una mayor disponibilidad de los sindicatos mayoritarios de clase a incluir en sus plataformas reivindicativas los problemas específicos de determinados colectivos de trabajadores.

Existen muchos aspectos de la gestión y administración de la empresa pública que deben ser reformados. Aunque sólo sea porque los efectos nocivos de una mala actuación se hacen sentir con más fuerza cuando se producen en monopolios que prestan servicios esenciales. Estas mismas circunstancias exigen que los trabajadores del sector público traten de hacer compatible la defensa de sus derechos con el mínimo de daño a los ciudadanos. Ambas partes deberían preguntarse hasta cuándo puede ponerse a prueba la paciencia de los usuarios, cuyas iras son indecentemente utilizadas como medio de presión, sin que al final tengan que pagar un precio por ello.