El Gobierno condiciona su nueva oferta al recorte de las peticiones sindicales

Las ocho primeras horas de la reunión de ayer en el Ministerio de Trabajo -una y media de la madrugada de hoy- entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) para alcanzar un acuerdo en la concertación social no sirvieron para romper el fracaso del último encuentro. En este tiempo, el único acuerdo real fue aplazar (cuatro horas después de iniciada la reunión) el punto dedicado al porcentaje de la cobertura del desempleo e intentar una aproximación en el resto de los temas.

El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, había señalado ayer que el Gobierno tenía un margen presupuestario para negociar las peticiones sindicales y que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo complementario sobre sus posiciones iniciales -que el propio Ejecutivo no considera mínimas ni innegociables-, pero sólo a cambio de que las centrales recorten sus peticiones. UGT y CCOO, por su parte, habían anunciado su intención de flexibilizar el calendario de aplicación de las medidas. Los dirigentes sindicales comunicaron a los responsables de la Administración que todas sus reivindicaciones corresponden a antiguos compromisos del Gobierno o a errores en la previsión de inflación y, por tanto, el margen de maniobra era muy estrecho.De la larga reunión apenas trascendió en las primeras horas las ofertas de las dos partes. Al cierre de esta edición, sólo era conocida una oferta del Ejecutivo que incrementaba desde 20.000 hasta 58.000 millones de pesetas la partida destinada a reparar la deuda social contraída con pensionistas y funcionarios por el error en la previsión de inflación de 1988. Esta subida permitía aumentar un punto las rentas de esos colectivos frente a los dos puntos que reclaman los sindicatos. Las otras cuestiones en discusión siguen bloqueadas y ayer se dedicaron cuatro horas al aumento de la cobertura del desempleo sin ningún avance, por lo que el debate se ha aparcado para una nueva reunión. Por otra parte, UGT anunció que no levantará las sanciones impuestas a medio centenar de militantes y antiguos dirigentes que retiraron su apoyo a la huelga general del 14 de diciembre.

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