Realidad y mitología de la recuperación
Desde hace tres años, la opinión pública española viene recibiendo el mensaje de la recuperación económica: la crisis quedó atrás. La consecución de algunos de los objetivos propuestos por la estrategia económica del PSOE ha dado lugar a la formulación de ciertos planteamientos que se argumentan en nombre de la teoría económica, pero que, a juicio de los autores, pertenecen al terreno de la mitología y parecen destinados a legitimar aquella estrategia.
La apuesta económica del Gobierno socialista se ha fundamentado en tres objetivos básicos: el equilibrio de algunas variables macroeconómicas (inflación, déficit público y déficit por cuenta corriente), la plena inserción de la economía española en el mercado mundial y la recuperación del crecimiento económico. En aras de estos objetivos se ha llevado a cabo una dura reconversión del sector industrial y se han liberalizado los mercados de bienes, servicios y factores, tanto a nivel interno como hacia el exterior. Todo ello guiado por la convicción de que la recuperación de los beneficios empresariales conduciría al aumento de la inversión y a un nuevo dinamismo de la economía.Al cabo de un sexenio, los datos de la realidad económica parecen ser elocuentes: el crecimiento del producto interior bruto es importante y se asienta en un incremento aún más elevado de la demanda interna, particularmente de la inversión, La balanza básica presenta fuertes superávit y el nivel acumulado de reservas permite ciertas garantías de estabilidad en el sector exterior. La inflación se redujo drásticamente y el déficit público se ha limitado en relación al producto interior bruto (PIB).
En la estrategia gubernamental el empleo ha constituido, de hecho, una variable inducida, puesto que se ha considerado previo el encauzamiento de otros desequilibrios y la consecución de altos excedentes empresariales para que la inercia del crecimiento generase empleo. Sin embargo, este planteamiento se presta a vanas consideraciones, pues la cantidad y calidad del empleo depende del carácter que adopte ese crecimiento económico.
Tómese como ejemplo la situación del sector químico. Según datos de la Dirección General de Industrias Químicas, en 1987 la producción creció un 7%, las exportaciones e importaciones aumentaron más del 15%, la inversión se incrementó un 12%, pero, sin embargo, el empleo sólo aumentó un 0,7%, tratándose de un sector que ocupa a casi la décima parte de la fuerza de trabajo industrial y genera el 12% del valor añadido industrial. La simple inercia del crecimiento, al menos en las condiciones en las que se produce en este período, tiene una reducida capacidad para generar empleo.
Ello ocurre después de que aquella política económica provocase la pérdida de más de un millón de empleos y de que se elevase- la tasa de paro del 16% al 21% entre 1982-1985. Por otra parte, en la actualidad el empleo estable sigue reduciéndose en términos netos (un decremento del 3%, en 1988), y el empleo que se crea es mayoritariamente de carácter precario: temporal, baja remuneración, relativa descualificación, etcétera, principalmente en la construcción y los servicios. La flexibilidad del mercado laboral no provoca. sino la distribución rotativa de ese empleo precario, principalmente entre mujeres y jóvenes. En 1988, sobre un total de 8,4 millones de asalariados, la relación entre empleo estable / temporal es de tres a uno, Además, la situación actual sanciona el considerable retraso que mantiene la población activa femenina con relación al total de la población activa, respecto al total de mujeres, o al total de mujeres en edad activa; los tres indicadores muestran porcentajes entre 8 y 15 puntos por debajo de la media europea.
El primer comentario debe dirigirse hacia el índice de precios al consumo, pues la ponderación que aplica para los distintos componentes del gasto resulta irreal, por ejemplo, en un apartado básico como es el relativo a los gastos de vivienda, que son ponderados en dicho índice sólo como el 18,5% del gasto total, adjudicándose menos del 2% al gasto de alquiler.
Cuándo se sigue reclamando la moderación salarial para controlar la inflación no se hace sino un formidable ejercicio de amnesia deliberada, que ignora asuntos tan primarios como que los costes de las empresas no se limitan al factor trabajo, que el control de rentas tampoco se limita a las rentas laborales o que los precios son fijados por las empresas y no por los asalariados. Es así come, se omite, de hecho, que muchas empresas españolas mantienen una deficiente gestión en cuanto a los insumos que utilizan, a su tecnología y equipamiento, a su forma de organización, a sus sistemas de comercialización, etcétera. Sin considerar esos elementos, se ha emprendido una obstinada presión sobre el control de los salarios como mecanismo antiinflacionario, que ha permitido una fuerte elevación de los beneficios empresariales hasta el punto de que su participación en el PIB es superior a la que muestran economías como la de EE UU, la República Federal de Alemania, el Reino Unido, Holanda y otras.
Como consecuencia, entre 1982 y 1987 se ha profundizado la regresividad de la distribución del ingrerso. El 30% de hogares con rentas más bajas concentran sólo el 10% de la renta familiar disponible, mi entras que en el otro extremo el 19% de los hogares ricos y acomodados concentra el 47% de la misma.
Renuncia a actuar
La plena libertad (interna y exterior) de los mercados, la paulatina desregularización económica y una actuación de los poderes públicos limitada al uso de determinadas prácticas monetarias y fiscales ha significado una renuncia del Gobierno a orientar la actividad económica. Así, se ha minimizado la inversión pública en un país con grandes carencias de infraestructuras y equipamientos, se ha alentado sin control alguno la penetración de capital extranjero y se ha dejado a la inercia de la lógica empresarial toda acción inversora e importadora.
Desde el punto de vista presupuestario, la falta de disposición para actuar sobre ciertos gastos en rápida expansión (los gastos militares de manera destacada) o sobre ciertas rentas (beneficios empresariales, rentas de capital) ha determinado que el esfuerzo para contener el déficit se haya basado en el incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y la restricción de las prestaciones y gastos sociales. Esta es la otra vía por la que se ha profundizado la polarización social que hoy constatan múltiples indicadores.
Bajo el eufemismo de que la economía española está accediendo a un mercado mundial cada vez más interdependiente se está soslayando que en realidad la economía española se inserta en condiciones de debilidad. El déficit comercial alcanza los 2,3 billones de pesetas, pese a la considerable reducción del precio del petróleo, manifestándose los tradicionales desequilibrios internos que conducen a ese déficit en momentos de mayor crecimiento económico.
La balanza de servicios y transferencias reduce su saldo positivo, pues aunque los ingresos por turismo -y otros, como las remesas- siguen aumentando, también lo hacen las salidas en concepto de rentas por inversión y los pagos tecnológicos. En 1988 la balanza por cuenta corriente ha sido negativa en torno a los 3.000 millones de dólares.
Este déficit parece no preocupar a las autoridades económicas debido a que las entradas de capital lo compensan con creces y elevan el saldo positivo de la balanza básica por encima de los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, ese aluvión de capital extranjero que entra con gran regocijo y ningún control de los poderes públicos se convierte en fuente de varios problemas. Por citar sólo algunos cabe aludir al factor de inestabilidad que comporta una actividad productiva, comercial y financiera diseñada desde el exterior, en función de variables que escapan por completo a los avatares internos de la economía española. El segundo dilema se refiere a la transnacionalización de la planta industrial, de buena parte de las redes comerciales y -en un futuro inmediato- del sistema financiero español. Quien se moleste en consultar las condiciones del crecimiento del sector industrial en estos últimos años puede observar que muchas ramas apenas crecen y que la recuperación se refiere casi en exclusiva a las producciones transnacionalizadas: material electrónico, material de precisión, automoción, maquinaria y aparatos eléctricos, alimentación y plásticos.
El tercer aspecto que señalamos se refiere a las relaciones comerciales con la CE, donde las exportaciones e importaciones españolas se vienen concentrando unilateralmente. El problema no consiste sólo en que hasta 1985 el saldo fuese positivo y que ahora sea muy negativo (acercándose al billón de pesetas), sino que los principales déficit se concentran en los capítulos más significativos de la industria: construcción mecánica, maquinaria eléctrica y electrónica, instrumentos de precisión, siderurgia, química de base y transformadora. La pérdida de posiciones comerciales es generalizada en las principales líneas de producción, y se reproduce el hecho de que los productos dedicados a la exportación son intensivos en insumos primarios e intermedios que han de importarse.
Como corolario esquemático de los comentarios anteriores parece necesario matizar el sentido que tiene la recuperación económica presente, pues fundamentalmente se refiere al crecimiento cuantitativo de ciertos indicadores globales. Sin embargo, considerando la dinámica económico en su conjunto, ese crecimiento nos parece que resulta incierto) precario por las bases en las que se sustenta. Se trata de un crecimiento que está acentuando la polarización entre un núcleo productivo y social minoritario cada vez más dinámico y una mayoría económica y social excluida el ese proceso. Finalmente se trata también de un crecimiento que se asienta en la creciente transnacionalización de la estructura productiva y sanciona una débil inserción en el mercado mundial.
