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Editorial:

Zozobra que no cesa

MÁS DE un año después, el casco del buque Cason, el mercante que, tras haberse incendiado, embarrancó el 5 de diciembre de 1987 en las costas de Finisterre, continúa varado al pie del acantilado con parte de su carga a bordo. Su espectral presencia sirve de recordatorio de una de las situaciones más absurdas vividas en este país en muchos años. La publicación del informe elaborado por una comisión constituida el pasado verano para el esclarecimiento de los hechos ha puesto de relieve, pese a sus lagunas y escasa imparcialidad, los efectos amplificadores de la suma de incompetencias que se dieron cita en aquellas fechas en Galicia.En el incendio del buque perdieron la vida 23 tripulantes, todos ellos, según el informe forense, por intoxicación. El barco circulaba a unas ocho millas de la costa con diversos materiales tóxicos, de naturaleza no bien establecida, a bordo. Como resultado de la falta de coordinación en las tareas de rescate de esos materiales se produjeron, entre otros, los siguientes efectos: desordenado éxodo de varios miles de personas, habitantes de la zona; prohibición de pescar en una amplia franja costera durante varios meses (siendo ésta la principal actividad económica de la comarca); 220 millones de pesetas invertidos en las tareas de rescate, y que ni la empresa propietaria del buque ni su aseguradora aceptan pagar; inutilización parcial de las instalaciones de la factoría de Alúmina-Aluminio, con pérdidas económicas evaluadas en miles de millones.

Un resultado demasiado pesado como para que nadie se haga el distraído respecto a sus causas. El informe señala algunas: descontrol sobre el tráfico marítimo que bordea las costas gallegas; falta de coordinación entre las diversas instancias oficiales que intervinieron en el asunto; desinformación culposa por parte de las autoridades, lo que aumentó la alarma y tendencia a desbordamientos emocionales de una población desorientada; decisión no justificada de trasladar los materiales tóxicos a un punto situado a 300 kilómetros del lugar del embarrancamiento, lo que contribuyó a generalizar la confusión y las reacciones de pánico.

Algunos de los problemas todavía pendientes son los siguientes: ausencia de iniciativas conocidas para controlar la circulación de barcos con sustancias potencialmente peligrosas por la zona; presencia amenazadora de los restos del barco, de los que siguen desprendiéndose sustancias diversas (una subasta pública para adjudicar el rescate quedó desierta); cobro de indemnizaciones por parte de los pescadores imposibilitados de faenar durante tres meses; pleito con la empresa armadora del Cason sobre los costes de las operaciones de rescate de los bidones tóxicos; 23 miembros del comité de empresa de Alúmina-Aluminio despedidos, a la espera de la resolución por el Tribunal Supremo del recurso presentado; reclamación por parte de esa empresa al Consorcio de Compensación de Seguros de una indemnización -por daños materiales y beneficios no realizados- próxima a los 11.000 millones de pesetas.

El informe de la comisión investigadora evita toda referencia crítica al comportamiento de los trabajadores de esa factoría que se negaron a mantener los servicios mínimos que hubieran evitado la inutilización de las cubas electrolíticas. Como en el caso de los altos hornos siderúrgicos, la paralización de la producción y subsiguiente solidificación del mineral fundido produce efectos difícilmente reversibles en las costosísímas instalaciones. La empresa advirtió que el coste de esa inutilización podría alcanzar los 16.000 millones de pesetas (cifra que después ha rebajado considerablemente, pese a lo cual es enorme).

Ese silencio de la comisión resulta menos misterioso si se recuerda que fue constituida a instancias del comité de empresa de Alúmina-Aluminio. Pero ello no justifica la ligereza con que sus componentes, encabezados por el ex defensor del pueblo Joaquín Ruiz-Giménez, han procedido en este aspecto preciso. No parece que el amor a la clase obrera deba implicar el halagador silenciamiento de comportamientos irresponsables que, por lo demás, chocan frontalmente con la tradición del movimiento obrero. Pero también es cierto que la mayoría socialista se opuso en su día a la creación de una comisión parlamentaria que investigase y depurase responsabilidades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de enero de 1989