Auto de detención a policías y militares venezolanos por la muerte de pescadores

El consejo de guerra permanente del Estado Táchera dictó ayer auto de detención contra los 20 funcionarios y militares que participaron en la matanza de 14 pescadores en el poblado El Amparo, situado en Apure, al suroeste de Venezuela.La medida afecta a a nueve funcionarios de la DISIP (policía política), siete agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y cuatro miembros de las Fuerzas Armadas nacionales, entre quienes destacan el coronel Divas Quintero, jefe del comando específico José Antonio Páez, y el maestro técnico Morales.

Según la resolución el consejo de guerra, los integrantes del comando específico cometieron los delitos de uso indebido de armas de fuego, simulación de hecho punible y presunto homicidio intencionado con premeditación y alevosía contra un grupo de humildes pescadores que se encontraban totalmente desarmados e indefensos.

Con la detención de los presuntos autores de la matanza, ocurrida el 29 de octubre pasado, el consejo de guerra dio un vuelco a la versión oficial sostenida por el Gobierno del presidente Jaime Lusinchi de que los integrantes del comando específico mantuvieron un enfrentamiento armado con guerrilleros colombianos y de que las víctimas de aquellos hechos en El Amparo eran elementos subversivos y portaban armamento.

La sentencia del consejo de guerra, de un total de 120 folios, no especifica nada sobre los dos supervivientes de la matanza -Wolmer Pinilla y José Augusto Arias-, quienes viajaron a México en calidad de asilados políticos, pero revocó la actuación del Tribunal Militar del Tacherá, que había ordenado su detención por rebelión militar. Ambos regresaron anoche a Caracas para entregarse a la justicia, y se esperaba su inmediata puesta en libertad.

El caso de El Amparo pasará ahora a la corte marcial, donde serán procesados los 20 funcionarios y militares detenidos, y donde se confirmará o revocará la sentencia del consejo de guerra. Por último, el expediente pasará a manos del presidente de la República, quien decidirá la continuación o no del proceso.