Viabilidad del giro social reclamado por los sindicatos

Urge un nuevo consenso sobre los temas económicos que preocupan a la sociedad española. Pese a la mayoría de votos obtenida por el PSOE desde 1982, el Gobierno no ha logrado conectar con la extendida aspiración a que la recuperación económica se traduzca en una mejora sustancial del nivel de vida de la generalidad de los ciudadanos. El mérito de los sindicatos en esta coyuntura ha estribado sobre todo en haberse ofrecido como vehículo de expresión para múltiples sectores, que pueden diverger notablemente en cuanto a intereses pero coinciden en una reclamación esencial, a saber: que en adelante la política económica sirva más a las exigencias de la vida y menos a la perfección formal de modelos teóricos. ¿Cuán viable es esta pretensión?Una pregunta así no admite sarcasmos por respuesta. Afirmar -como se ha hecho- que el giro social de la política económica significa inevitablemente más inflación y más paro oscurece el problema en lugar de aclararlo. Quien sostiene que sólo hay una alternativa económica (o que las demás conducen al caos) ha olvidado que sin elección no hay economía que valga. Procede, por tanto, considerar la naturaleza de la elección planteada.

El crecimiento de la economía española y su posición exterior se han convertido en el caballo de batalla del ministro Solchaga. Sobre esos dos puntos se pretende justificar la orientación antiinflacionista y la meta de flexibilizar las relaciones laborales, características ambas de la política gubernamental; la búsqueda de un mayor equilibrio presupuestario e incentivos crecientes a la inversión privada completan el cuadro. Una peseta fuerte y el aumento contínuo del nivel de reservas exteriores son los resultados esperados de esta política. Desde este punto de vista, nadie puede regatear éxitos al Gobierno, ya que ha logrado incrementar las reservas exteriores hasta cerca de los 40.000 millones de dólares.

Excesivas reservas

La acumulación de reservas refleja cierta elección entre nivel de la renta nacional y estabilidad de la misma. Invertir en divisas es tan poco rentable como cualquier forma de atesoramiento: recursos que podrían emplearse productivamente son mantenidos ociosos; disminuyendo el nivel de reservas acumuladas, una economía puede aumentar su tasa de crecimiento. En contrapartida, la abundancia de reservas exteriores proporciona estabilidad a la renta nacional, ya que eventuales déficit con el exterior pueden ser financiados sin necesidad de ajustes bruscos. En cambio, una economía con bajo nivel de reservas sólo podrá hacer frente a déficit de su balanza básica de pagos contrayendo la demanda agregada (o endeudándose con el exterior).

Por consiguiente, la elección planteada es ésta: un crecimiento contenido pero bastante seguro frente a un crecimiento más intenso y a la vez mejor distribuido pero también menos seguro -en el sentido de que cualquier desviación de la senda prevista puede obligar a ajustes más o menos traumáticos-. La primera es la opción Boyer-Solchaga; la segunda es la que estarían dispuestos a apoyar muchos otros economistas, fuera y dentro del PSOE, y la que parece estar demandando la sociedad española, a juzgar por recientes acontecimientos que están en la mente de todos.

Nuevas salidas

Ciertamente, el giro social carece a primera vista de la solidez técnica de la política de estabilización monetaria y financiera, pero parece así tan sólo a quien menosprecia la capacidad de los sindicatos (y el resto de la sociedad) de tomar conciencia de las exigencias económicas de la nueva elección. Sin embargo, es posible explicarles que la reducción del nivel de reservas exteriores, digamos a 8.000-10.000 millones de dólares, puede proporcionar recursos suficientes para aumentar la cobertura de desempleo, las pensiones y el sueldo de los funcionarios hasta donde ellos reivindican, y también para bastantes cosas más. Pero únicamente a cambio de poner a la economía nacional en una posición exterior sensiblemente menos favorable que la que ahora disfruta. Y una posición exterior menos favorable significa que cualquiera de esas conquistas, o todas ellas, puede verse en peligro ante un empeoramiento apreciable de la balanza de pagos; más aún, en las condiciones actuales, tal empeoramiento se presentará con toda probabilidad al cabo de cierto plazo -pongamos uno o dos años-. Esto deben entenderlo con claridad los líderes sindicales.

De manera que el giro social que demandan los sindicatos no puede concebirse (en cuanto que proyecto viable) más que como contrapartida a un sincero intento de su parte de compensar por otro lado la mayor vulnerabilidad exterior de la economía española. La solidaridad con los colectivos más desfavorecidos, que ellos proclaman, va a exigir un esfuerzo superior de los sectores sindicalizados. Nadie debería de pensar que se trata sólo de repartir mejor la renta, sino también de asuirúr por entero las consecuencias econónúcas del nuevo reparto. Ésta es, sin duda, la parte más dificil del giro social: contra ella se estrelló el Gobierno Mauroy en Francia en los años 1981-1983. Pero no es en absoluto imposible. Si algo ha puesto de relieve el 14-D es que algunas cosas que parecen imposibles no lo son si se las afronta con modestia y realismo.