Las reglas del juego

LAS TRIBULACIONES de un conocido banco de negocios norteamericano, el Drexel Burnham Lambert, de Nueva York, han puesto de relieve que en Estados Unidos las autoridades se toman en serio el problema de las reglas del juego económico, persiguiendo sin contemplaciones a quienes las violan, ya sean grandes o pequeños. Para demostrarlo, un juez acaba de imponer una multa de 650 millones de dólares (unos 80.000 millones de pesetas) a la mencionada firma por haber conculcado las reglas de emisión de obligaciones y por haber utilizado abusivamente información confidencial.El negocio principal de Drexel Burnham Lambert consistía, y consiste, en financiar fusiones y adquisiciones de empresas mediante la emisión de obligaciones de alto riesgo y elevada rentabilidad, conocidas en la jerga financiera como junk bonds (bonos de desecho). Estos instrumentos se utilizan para financiar empresas que a menudo no se encuentran en buena situación económica, por lo que el riesgo que incorporan es elevado. Su éxito fue fulgurante, y el mercado de este tipo de instrumentos financieros supera en la actualidad los 150.000 millones de dólares, es decir, más de 20 billones de pesetas.

Los asuntos comenzaron a torcerse con el encarcelamiento, hace unos meses, de un conocido especulador de Wall Street, Boesky, acusado de utilizar abusivamente información confidencial; para reducir su condena, Boesky hizo un trato con las autoridades judiciales norteamericanas y denunció a una serie de personas que habían participado de una u otra forma en el tráfico de información confidencial, encontrándose entre ellas algunos empleados de Drexel. El juez que se encarga de este asunto ha ido atando cabos hasta encontrar pruebas suficientes como para imponer la gigantesca multa antes citada a Drexel Burnham, que, de todas maneras, continúa operando en bolsa con un endeudamiento que supera los tres billones de pesetas. Pero el problema no termina con la multa; el juez que lleva el caso ha amenazado con aplicar a la firma y a sus dirigentes la ley antimafia, lo que implica la posibilidad de intervenir la sociedad. Ante esta perspectiva, sus dirigentes se encuentran divididos sobre la actitud que más les conviene adoptar: o bien cooperar con el juez y admitir sin más todos los cargos, lo que significaría probablemente la cárcel para algunos de ellos, o bien plantar cara y poner en entredicho la supervivencia misma de la empresa, una de las más importantes de la Bolsa de Nueva York.

El desarrollo de este asunto está teniendo implicaciones importantes en los medios financieros norteamericanos. En primer lugar, ha quedado patentemente demostrado que las complejidades del mundo financiero no permanecen al margen de la investigación judicial cuando ésta se lleva a cabo con determinación. Este hecho, en sí mismo fundamental, viene acompañado de otro no menos importante: la ley es la misma para todos, y los estafadores, por muy alto que vuelen, se ven sometidos al mismo código penal que el resto de los mortales. No hay refugio ni razón de Estado que valga; el que la hace, la paga.

En España, una buena parte de las operaciones que llevaron a Boesky a la cárcel son legales o están toleradas en la práctica. Es cierto que la ley de reforma de la bolsa prohíbe algunas de ellas, mientras que otras figuran tipificadas incluso en el Código Penal. Sin embargo, la redacción del reglamento de la bolsa avanza con una solemne parsimonia, como si no hubiera prisa por terminar con abusos que han permitido en los últimos años a unos pocos amasar fortunas considerables a costa de los pequeños ahorradores. Para que la economía de mercado funcione es preciso que las leyes que regulan su funcionamiento se apliquen por igual para todos; cuando no sucede así, el arbitrismo se convierte en regla, y el agravio comparativo, en característica permanente del sistema, impidiendo su modernización.