Las cuentas claras

EN SU intervención ante el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, el presidente M Gobierno avanzó algunas cifras que pueden contribuir a la clarificación parcial de¡ debate con los sindicatos. El presidente precisó el coste de la -recuperación del poder adquisitivo perdido por funcionarios y pensionistas por haberse superado las previsiones del Gobierno sobre la inflación en 1988. Los sindicatos únicamente pedían dos puntos, pero González, tal vez para ganar tiempo, pareció estar dispuesto a compensar la desviación íntegra cuando ésta se conozca, es decir, después del 20 de enero próximo. En cualquier caso, el ofrecimiento sólo alcanza a aquellos colectivos que hayan visto reducido su poder adquisitivo, lo cual plantea el problema de la determinación de los mismos. Según las cifras avanzadas, si se compensase a la totalidad de funcionarios y pensionistas, el coste sería de unos 135.000 millones para 1988 y unos 142.000 millones para 1989, es decir, un total de casi 280.000 millones de pesetas.En cuanto a la equiparación de las pensiones con el salario mínimo interprofesional, el presidente del Gobierno fue bastante menos explícito. Recordó que se trata de un compromiso electoral y que, por tanto, se cumplirá dentro de la presente legislatura, lo cual deja, en principio, un margen de tiempo que va hasta el otoño de 1990. No dijo, sin embargo, cuál podría ser el coste de esta medida, que variará mucho según sea el criterio que se adopte: el más restrictivo consistiría en retener como base del cálculo las pensiones de quienes han cotizado y tienen un cónyuge a su cargo, que es el caso más general. Desde esta base de partida pueden añadirse las pensiones de viudedad, de orfandad y las asistenciales. El coste final estará en función del colectivo o los colectivos que se retengan, pero, en cualquier caso, la factura será elevada y no parece previsible que baje de los 100.000 millones de pesetas.

En cuanto a las otras reivindicaciones, el presidente anunció la retirada del Plan de Empleo Juvenil, lo cual producirá un ahorro, aunque dijo que estaba dispuesto a discutir proposiciones alternativas. En cuanto al aumento de la cobertura de desempleo, el presidente reconoció que había sido un error firmar un compromiso prácticamente imposible de cumplir, aunque no excluyó la extensión de la cobertura del desempleo a algunos colectivos que no están cubiertos en la actualidad.

En principio, pues, el coste de las medidas que el Ejecutivo está dispuesto a discutir no parece probable que baje de un mínimo de 400.000 millones de pesetas, y el problema que se plantea es el de saber si la economía española está o no en condiciones de resistir el impacto de este gasto adicional, que representa, en líneas generales, alrededor de un 1 % del producto interior bruto (PIB). La respuesta hay que buscarla en la manera de financiar este aumento del gasto público, aunque, de entrada, conviene señalar que el margen del que dispone el Gobierno es bastante reducido. En su estado actual, el presupuesto para 1989 tiene un carácter expansivo, y es muy discutible que sea esto lo que más conviene a la economía española en el momento actual. Existe, sin embargo, la posibilidad de recortar otros gastos o la de aumentar la recaudación, alternativa digna de mención porque refleja lo que viene ocurriendo desde hace algún tiempo: este año la recaudación superará en más de 700.000 millones de pesetas lo inicialmente previsto.

Ello podría hacer pensar que el margen existente es mayor del que se cree. Sin embargo, el aumento adicional de la recaudación corre paralelo a un amplio incremento de los gastos previstos. Todo ello complica la evaluación del margen del que realmente dispone el Gobierno para hacer frente a las reivindicaciones de los sindicatos. En estas circunstancias, lo que resulta imprescindible es delimitar con honradez y precisión los márgenes realmente existentes para el próximo año, lo cual requiere una mayor dosis de transparencia presupuestaria. Es cierto que en la presentación de los presupuestos para 1989 se han dado algunos pasos en esta dirección, pero éstos no son suficientes en la situación actual, en la que, por una vez, conviene dejar en el armario las pequeñas argucias contables de todos los años y enfrentarse con realismo a los problemas que están planteados.