La tradición tolerante

LA APERTURA de negociaciones entre el Estado y los judíos y protestantes españoles con vistas a la firma de sendos convenios de cooperación es un hecho relevante en el proceso hacia la consolidación efectiva de la libertad e igualdad religiosas que se inició en España con la aprobación de la Constitución en 1978. Es también un acto de justicia histórica para con dos colectivos confesionales españoles (250.000 protestantes y 12.000 judíos) que han estado en el punto de mira de la intolerancia política y religiosa en España. Hasta ahora sólo la Iglesia católica mantiene con el Estado convenios de esta naturaleza, firmados con la Santa Sede en 1979 bajo la forma jurídica de tratados internacionales.Aunque sólo sea un simple azar de la historia, no es ocioso subrayar la coincidencia de los contactos iniciados la semana pasada entre representantes del Ministerio de Justicia y de las dos confesiones religiosas con los preparativos para la celebración de la efeméride de 1992. Además de rememorar el descubrimiento de América y ser un año olímpico, también es el año en que se cumple el quinto centenario de la expulsión de 300.000 judíos españoles fuera de su patria, en una de las operaciones de mayor desplazamiento coactivo de masas que recuerda la historia. Pero no menos penosa que la de los judíos ha sido la historia de los protestantes españoles, desde los autos de fe propiciados por la Contrarreforma católica en el siglo XVI hasta la intolerancia del siglo XIX, tornada en acoso y hostigamiento en el apogeo del nacionalcatolicismo en los años cuarenta y cincuenta del presente siglo.

Después de tan largos períodos de intolerancia e incluso de persecución abierta, el actual Estado democrático español reconoce oficialmente el notorio arraigo en la historia y en la sociedad españolas de las religiones judía y protestante. El anterior ministro de Justicia, Fernando Ledesma, cuando ya hace más de un año anunció la buena disposición del Gobierno a establecer convenios de cooperación con los protestantes y judíos españoles, calificó este hecho de "recuperación de la memoria histórica de nuestro país, de recuperación de la mutua convivencia y de la tolerancia que caracterizaron, durante tanto tiempo, el carácter y genio españoles".

En las negociaciones iniciadas estos días se aborda un amplio abanico de cuestiones que afectan a la vida de estas comunidades religiosas, entre ellas, el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado según el rito judío o protestante, el estatuto de los ministros de culto, el respeto a las festividades religiosas, la asistencia religiosa a hospitales, centros penitenciarios y durante el servicio militar, y, en el caso de la comunidad judía, la conservación del valioso patrimonio histórico-artístico dejado por sus antepasados. En el tema siempre vidrioso de la financiación estatal de sus actividades, los judíos y protestantes españoles rechazan tanto la ayuda directa del Estado por la vía de la dotación presupuestaría como el llamado impuesto religioso, mediante la declaración de los contribuyentes en el impuesto sobre la renta. En este terreno, además de las normales exenciones tributarias que corresponden a entidades con fines no lucrativos, las comunidades judía y protestante españolas pretenden que el Estado considere deducibles, a los efectos del impuesto, las cantidades donadas por particulares para su mantenimiento.

Que todos estos temas se negocien en el ámbito oficial, que sus resultados se plasmen en los correspondientes convenios y que, llegado el caso, éstos sean aprobados por el Parlamento es una demostración de lo mucho que se ha avanzado en la aceptación del modelo constitucional en relación con el fenómeno religioso.