El nuevo convenio de Naciones Unidas endurecerá la legislación contra la droga

La conferencia de las Naciones Unidas para la aprobación de un convenio internacional contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se inaugura hoy en Viena y tiene previsto alargarse hasta el próximo 20 de diciembre. De aprobarse antes de finales del presente año, como todo parece indicar, el nuevo convenio endurecerá la legislación contra la droga. El texto habrá tenido un largo y elaborado proceso de cuatro años, desde que la Asamblea General pidiera que se iniciara el proyecto.

En líneas generales, el convenio parece que no encontrará problemas para quedar aprobado antes de final de año. Según Miguel Solans, delegado del Gobierno español para el Plan Nacional sobre la Droga, casi un 90% del texto está ya consensuado" y todo lo que falta decidir son "los flecos". El convenio actual data de 1961 y fue reformado en 1972.En estos cuatro años, el llamado problema de las drogas ha adquirido magnitudes que superan todas las previsiones. En Occidente, el consumo de estupefacientes, y en particular de las llamadas drogas duras -heroína y cocaína-, ha dejado el reducto de la marginalidad para penetrar en la franja más amplia de la sociedad. Los países productores han visto cómo la industria que significaba el cultivo de las drogas, y que, hasta cierto punto, dejaba algunos -pocos- de sus beneficios en el país de origen, ha desarrollado mafías potentíslmas que se están haciendo -y en algunos lugares ya se han hecho- con el control del país. Con el agravante, además, de que el consumo, prácticamente desconocido hace cuatro años, se ha extendido también en todas las capas de la población de estos países, por lo general en vías de desarrollo.

Los llamados países de tránsito -ni productores ni consumidores, pero por los que circula la droga de camino hacia Occidente- han empezado a sufrir los efectos de la corrupción que ésta genera por donde transita. Con estos elementos cabe preguntarse si la capacidad de negociación y pacto de las Naciones Unidas va poder llevar a la síntesis de un texto legal que satisfaga a países con intereses a menudo contrapuestos y afectados de maneras tan diferentes.

Es evidente que la legislación contra el tráfico de drogas se va a endurecer considerablemente cuando se apruebe el convenio. Al margen de las medidas puramente policiales, en las que se contempla una amplia colaboración que convierte el tráfico de drogas prácticamente en un delito internacional, destacan los acuerdos en lo que respecta a las medidas judiciales, que supondrán la pérdida de la inmunidad que hasta ahora obtenían los traficantes acogiéndose a determinados tratados de extradición.

El 'blanqueo' de dinero

Lo novedoso del nuevo convenio, sin embargo, son las medidas destinadas a cercenar la capacidad económica de los traficantes de drogas e impedir el blanqueo del dinero negro obtenido con la droga, y, por otra parte, lo referente al control de los llamados precursores, es decir, las sustancias químicas que se utilizan para la elaboración de estupefacientes. En este sentido, el endurecimiento y perfeccionamiento de la represión del tráfico de drogas con medidas policiales, jurídicas y económicas no parece plantear a quienes deben ratificar el convenio más que problemas de orden técnico.Otra cuestión es la del consumo de drogas, aspecto que sin duda se abordará desde algunas de las partes presentes bajo el prisma de la actual tendencia represora que emerge en los Gobiernos occidentales, donde la teoría prohibicionista que asegura que si se ataca el consumo se reduce el mercado y se merma el poder de los traficantes parece haber entrado con fuerza. No será, sin embargo, sin polémica.

En la última sesión preparatoria del texto que tuvo lugar este verano ya se propuso por parte de varios representantes de los 75 países presentes que de la definición de tráfico ¡lícito se excluyera la posesión de pequeñas cantidades de drogas destinadas al uso personal". La propuesta se basaba en que, dada la amplitud de la definición de tráfico, la posesión de pequeñas cantidades destinadas supuestamente al consumo "daría lugar a que todos esos actos punibles se considerasen comprendidos en el grave delito de tráfico ¡lícito, al que sería aplicable el régimen severo de la convención".

Esta objeción, que pretendía deslindar el consumo del tráfico de drogas, encontró rápida oposición. Varios representantes afirmaron que "pequeñas cantidades de drogas para consumo individual, sumadas, constituían un tráfico a gran escala". Para los prohibicionistas, "cada consumidor financia indirectamente el tráfico ¡lícito".