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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

'Asuntos menores'

CUANDO HACE algunos años saltaron a la luz algunas irregularidades relacionadas con la concesión de administraciones de lotería a personas próximas a militantes socialistas, desde los aledaños del poder se ironizó sobre lo acertada que debía ser su política para que tanto la oposición como la Prensa tuvieran que recurrir a un asunto menor para atacar al PSOE. A la ironía se añadía la siguiente reflexión: antes, las loterías se concedían simplemente a dedo, y nadie protestaba; ahora se ha racionalizado el sistema, y ha bastado con que se registren pequeñas irregularidades para que el asunto se convierta en un escándalo nacional.El que este rasgar de vestiduras se haya producido preferentemente en quienes han mirado a otra parte ante escándalos más importantes parece tranquilizar, tanto como despistar, a los socialistas sobre lo que de verdad está pasando: junto a los gesticuladores hipócritas hay otros ciudadanos, que nada tienen que ver con aquéllos y que, aunque no gritan (todavía), consideran igualmente indigno lo que están viendo. A saber: la adaptación creciente, y sin apenas resistencias, de algunos políticos y administradores a pautas de comportamiento que fueron consideradas inaceptables cuando ellos estaban en la clandestinidad o en la oposición.

Asuntos como el de la ropa de la directora general de Televisión Española o el piano del ministro de Defensa pueden ser el chocolate del loro si se comparan con las cifras bimillonarias de los presupuestos generales del Estado sobre las que muy pocos diputados o senadores de la oposición hacen preguntas.

Otras experiencias de Gobiernos socialdemócratas -pongamos Suecia- indican que no es inevitable que la continuidad del Estado exija la continuidad en los usos de sus administradores. ¿En función de qué criterio y con arreglo a qué norma escrita los servidores públicos, a partir de un impreciso nivel del escalafón, han de tener derecho a ingresar su nómina en el banco, dándose por supuesto que todos sus gastos corrientes, incluido a veces el alquiler de la vivienda, han de ser costeados por los contribuyentes? ¿Dónde se justifica que el tiempo de cualquier director general o asesor de consejero autonómico sea tan valioso que haya de recurrir a coche oficial con chófer para evitarse el engorro de encontrar plaza para aparcar como los demás ciudadanos?

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La imagen de picaresca y descontrolado despilfarro ofrecido por numerosos políticos y altos funcionarios es incompatible con el mensaje según el cual el cambio significaba también una manera diferente de comportamiento personal de los cargos públicos. Especialmente cuando se está pidiendo austeridad a la sociedad y se admite que la eficacia tecnocrática no basta para legitimar una política. Desprenderse de un exceso de ganga doctrinaria no implica que haya que prescindir de la moral que un día alentó en el proyecto que llevó a los socialistas al poder.

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