El Pleno del Congreso rechazó ayer las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer todas las enmiendas a la totalidad planteadas por la oposición al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989, con unas previsiones de gastos que rondan los 15,7 billones de pesetas. Distintos grupos de la oposición criticaron la presunta inconstitucionalidad de la ley, toda vez que no recoge una cifra global de ingresos y gastos que afecte a todo el Estado. Los grupos criticaron distintos apartados del proyecto, especialmente los referidos al incremento de salarios para funcionarios, fijado en un 4% para 1989.

El Congreso de los Diputados aprobó en la tarde de ayer los títulos I, II y III del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, referidos a créditos y sus modificaciones, gestión presupuestaria y gastos del personal activo, sin aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición.Para el CDS el porcentaje de subida consolida la tendencia a la pérdida de poder adquisitivo relativo de los salarios públicos respecto a los privados, que de 1980 a 1985 ha supuesto más de un 8,5%. El portavoz del CDS, José Ramón Lasuén, comentó la postura de su grupo, de comprensión respecto a la huelga convocada por los sindicatos para el próximo día 14, en el mismo sentido que lo hizo Rafael Hinojosa, de Minoría Catalana, que calificó de "incoherente e injusta" la propuesta del Gobierno.

Indiciación

Ramón España, de Izquierda Unida, expuso ante los diputados la comprensión de su grupo respecto al paro general al defender la propuesta de su grupo que solicitaba una subida del 5% para el colectivo de funcionarios con un fondo adicional de 24.000 millones de pesetas. Otros portavoces de grupos parlamentarios coincidieron en señalar que el Gobierno tiene una deuda social por la inflación de 1988, no reconocida ni asumida, para con los empleados públicos.

AP fue el único grupo que no compartió este planteamiento al considerar que el defecto en la subida de salarios no es achacable tanto al porcentaje de incremento, sino a los "graves defectos estructurales" de la organización del Estado.

Varios portavoces solicitaron al Gobierno, sin éxito, que acepte diversas fórmulas de indiciación en las subidas de salarios propuestas, abundando en su escepticismo respecto al objetivo de inflacion fijado por el Gobierno respecto al año que vienen en un 3%.

Manuel Renedo, de Alianza Popular, señaló que las modificaciones introducidas por el Gobierno en el proyecto de Ley .no ayudan precisamente a incrementar la transparencia y el control" de la política económica del Gobierno. Para AP, las modificaciones "arrojan oscuridad sobre la ejecución de los presupuestos y dan facultades discrecionales al Gobierno para acceder a la utilización y modificación de los créditos sin control parlamentario".