Conflicto entre los Gobiernos central y vasco por la fiesta de la Inmaculada

Los Gobiernos central y vasco evidenciaron ayer un claro enfrentamiento -hecho que no se producía desde que el PSOE y el PNV formaron coalición en el Ejecutivo de Euskadi, hace año y medio- a raíz de la declaración del día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, como fiesta de carácter nacional. El Gabinete vasco había decidido trasladar esa jornada no laboral al día 5, lunes, de modo que se sucediesen cuatro días festivos: el sábado 3, el domingo 4, el lunes 5 y el martes 6, Día de la Constitución.

La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, explicó ayer a los periodistas, al finalizar la reunión del Consejo de Ministros, que la fiesta del 8 de diciembre tiene extensión nacional y no puede ser modificada por las autonomías. El Ejecutivo central mantiene un calendario según 61 cual las jornadas festivas son el día 6 y el día 8.Mientras, el consejero de Trabajo del Gobierno vasco, José Ignacio Arrieta, ratificó anoche la voluntad del Ejecutivo autónomo de declarar festivo el 5 de diciembre y rechazó tajantamente la afirmación de Rosa Conde de que la decisión de la Administración central "es de obligado cuplimiento". Arrieta se mostró respetuoso con la postura gubernamental, pero subrayó que la comunidad vasca tiene competencias ejecutivas en materia laboral y que posee autonomía para fijar su calendario de fiestas.

Arrieta expuso como prueba de tal autonomía el dato de que los calendarios laborales sean distintos cada año y el hecho mismo de que no haya sido recurrido el decreto de calendario laboral dictado por su departamento. El consejero agregó que la decisión del Gobierno autónomo de mantener el descanso laboral para el día 5 responde a razones sociolaborales, compartidas por las fuerzas sindicales vascas. Indicó que esas mismas razones han impedido un acuerdo en las dos entrevistas con el obispo de San Sebastián, Jose María Setién, y añadió que no sería lógico que el Gobierno vasco modificara ahora su decisión. El consejero de trabajo puntualizó que la postura de su Gabinete no implica una falta de sensibilidad hacía la fiesta de la Inmaculada.

En Cataluña, en cambio, la Generalitat ha respetado la decisión del Gobierno central. José Luis Salido, representante del Fomento del Trabajo Nacional (patronal catalana) fue el único miembro del Consell de Treball que se pronunció ayer en contra de que en Cataluña se mantuviera el día 5 de diciembre como festivo, en lugar del 8. El resto de los representantes sociales, los sindicatos CC OO y UGT, y un miembro de la Pimec (Pequeña y mediana empresa) se mostraron partidarios de mantener el 5 como festivo y el 8 como día de trabajo. El Departamento de Trabajo de la Generalitat, por su parte, había asumido el compromiso de defender la postura que resultara unánime. Al no haber acuerdo entre las partes, el Ejecutivo catalán decidió aceptar el acuerdo del Gobierno del Estado.

Para Ignasi Farreras, conseller de Trabajo, la decisión del Gobierno central de cambiar las fechas a dos semanas de la celebración de la fiesta es manifestación de "irresponsabilidad, inoportunidad, prepotencia e impunidad", al tiempo que "una provocación inaceptable". Farreras afirmó que, para la Generalitat, la mejor solución hubiera sido que el Gobierno central hubiera decidido dejar libertad a las comunidades autónomas para ubicar la fiesta en la fecha que acordaran los agentes sociales.

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