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La doble moral

UNA DOBLE moral está hiriendo a la sociedad española. Se adoptan determinadas posturas ideológicas genéricas porque se llevan, porque son progresistas, modernas, y al mismo tiempo ofrecen virtudes asimilables a las antiguas; pero se rompen en cuanto hay una relación personal, aunque sea indirecta, con un problema dado. No somos racistas, pero no deseamos que los gitanos vivan cerca de nuestras casas porque son otros y tienen otras costumbres, calificadas ya como irremediables. En Peña Grande, un barrió de Madrid, se ha paralizado la instalación de unas viviendas prefabricadas para 20 familias gitanas cuyas actuales chabolas no resistirán las lluvias del otoño. A la protesta de los vecinos se han sumado los principales partidos del distrito, que, naturalmente, han advertido que en su actitud no debe verse ninguna sombra de racismo. En Sevilla y en Barcelona ya se hacen planes para suprimir a los gitanos del escaparate de 1992.Consideramos a los consumidores de drogas como víctimas (de un tráfico, de una desesperación), pero se rechazan las colonias de rehabilitación en cuanto están próximas a un vecindario donde hay jóvenes. Y el Gobierno piensa que la despenalización por el consumo, que es una conquista social, debe irse ya recortando: se penalizará a quien las consurna en público. Corcuera añade: "El Gobierno irá a políticas cada vez más restrictivas en ese terreno".

La irritación gubernamental ante los consumidores públicos de drogas es equiparable a la irritación que produce en los ciudadanos la incapacidad del poder -municipal, comunitario o central- para tratar de argumentar sus propias decisiones. Que los gitanos de Peña Grande tienen derecho a no sufrir o perecer por las condiciones climatológicas, no parece una propuesta descabellada. Las reacciones de racismo, consciente o inconsciente, pueden ser mitigadas con discusiones y argumentos. De igual modo, la despenalización del consumo público de drogas es un tema lo suficientemente complejo como para decidir cualquier tipo de normativa tras un debate amplio, documentado y, a ser posible, inteligente.

¿Qué hacer frente al aumento de la delincuencia, la proliferación de drogadictos, etcétera? Las cárceles son inhumanas: no hay suficientes. Hay que construir más. Pero en cada comunidad en que se anuncia la construcción de una, el pueblo entero, encabezado por los mismos que protestan contra los jueces y piden mano dura con los delincuentes, se une para rechazarla. Que los gitanos, los presos o los rehabilitados por la droga sean atendidos y vivan bien, pero lejos de nosotros. Nos perturban.

Si la moral social suele variar por razones de espacio y de tiempo, la moral individual no siempre corre pareja con la colectiva. Los preservativos destinados a evitar el contagio del SIDA son recomendados en campañas sanitarias públicas y pueden comprarse en quioscos, pero no en farmacias. No al menos en Bailén, donde todas las boticas de la localidad -cincose niegan a venderlos: tienen problemas "morales y religiosos". Hay médicos reacios a practicar abortos considerados legales, y jueces que procuran no conceder los permisos; incluso no tramitar divorcios y separaciones. De este país se ha dicho que está saturado de abogados: también de autodidactas.

Todo esto está dibujado a diario: una insolidaridad difusa pero persistente, y una quiebra entre los comportamientos privados y públicos. Frente al temor a lo desconocido -la actitud de los presos, la capacidad de contagio de los portadores del SIDA o las leyendas asumidas en torno a los gitanos-, las administraciones, con sus amplias nóminas de asesores y expertos, deberían elaborar propuestas que no sólo persigan el bien común, o cuando menos el mayoritario, sino que convenzan a todos los implicados con razonamientos sensatos y comprensibles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 14 de noviembre de 1988.

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