La Audiencia admite una querella por estafa contra directivos de Banesto, Garriga Nogués y Vitoria
La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal contra directivos y ex directivos del Banco Español de Crédito, Banco Garriga Nogués y Banco de Vitoria por los presuntos delitos de estafa y falsificación de documento mercantil. Entre los querellados figura Pablo Garnica, presidente honorario y ex presidente de Banesto, y José María Sainz de Vicuña, ex presidente de Banco Garriga Nogués. La querella ha sido interpuesta por José Nonay Villalba, uno de los mayores accionistas de Banesto a principios de los años ochenta (era propietario de dos millones de acciones, que representaban el 1,5% del capital). En la querella, Nonay reclamaba 2.000 millones de pesetas. Banesto declinó hacer cualquier comentario, argumentando que el caso está sub júdice.
El pasado 29 de septiembre la Audiencia de Madrid estimó el recurso de apelación interpuesto por José Nonay y en consecuencia admitió a trámite la querella criminal que éste había presentado inicialmente en febrero de 1987 y que había sido desestimada por el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid. La Sala Cuarta de la Audiencia, que preside la magistrada Pilar Oliván Lacasta, ha acordado que "se practiquen las diligencias solicitadas por la parte querellante y cuantas sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos".Entre estas diligencias destaca la declaración de los querellados, encabezados por Garnica y Sáinz de Vicuña. En la lista figuran también otros directivos y ex directivos de Banesto, como Jacobo Argüelles, consejero; José Luis Elorriaga, jefe de los Servicios Jurídicos; y Julián Tiemblo, ex director general adjunto. También ha sido solicitada la declaración de Enrique José Corral Cepeda, ex consejero delegado del Banco de Vitoria.
El querellante ha pedido también certificaciones del número de acciones de Banesto que ha poseído desde 1977 hasta 1987, los préstamos y créditos de los que ha sido titular y la fórmula empleada para el cálculo de los intereses. En su opinión se han producido importantes abusos en estos cálculos así como cargos injustificados en sus cuentas por varias decenas de millones.
Por su parte, fuentes de Banesto han señalado que la entidad "ha facilitado toda la información del caso, con todo tipo de detalles, a la familia Nonay". Las mismas fuentes añadieron que no se podían pronunciar sobre el contencioso porque estaba sub júdice y que había que esperar la decisión del juez.
Este reciente auto judicial ha supuesto un cambio radical en la posición del grupo Nonay, una emprendedora familia de agricultores aragoneses, en la larga batalla jurídica que mantiene contra Banesto y otras entidades financieras como el Algemene Bank Nederland, NV (ABN). Las acciones judiciales de los bancos, sobre todo las promovidas por el ABN, desembocaron en el colapso económico del grupo Nonay, dedicado al cultivo y comercialización de árboles frutales y plantas. ABN prefirió no opinar sobre el caso "para no influir en los jueces".
La crisis de este grupo se desencadenó en 1981 a consecuencia de que no le pagaron una exportación de árboles a México valorada en más de 600 millones de pesetas. Se agravó cuando en marzo de 1983 el ABN instó la quiebra de Nonay Gil y Hermanos, por deudas de 40 millones de pesetas (garantizadas con hipotecas sobre bienes familiares) y se convirtió en irreversible cuando el grupo Banesto ejecutó sus créditos. En aquellos momentos, Nonay Gil Hermanos era una empresa en vertiginosa expansión que había conquistado los mercados del norte de África, con unas exportaciones superiores a los 5.000 millones de pesetas anuales, lo que le había otorgado el liderazgo del sector en 1976,1977 y 1978. La empresa consiguió una destacaba penetración en Arabia Saudí, en competencia con firmas holandesas, tradicionales proveedores del reino. En el momento de la quiebra, Nonay Gil Hermanos había conseguido formalizar contratos en este país por un importe superior a los 20.000 nifillones, que se perdieron a raíz de la quiebra.
Posteriormente, Nonay ganó el pleito al ABN y consiguió levantar la quiebra, primero en el Juzgado de Instrucción, en 1984 y después ante la Audiencia en 1986, pero la decisión de los jueces, dos años después, no pudo ya remediar la ruina de la empresa.
Tras la acción del ABN, el Banco Garriga Nogués y el Banco de Vitoria -que tenían concedidos préstamos al grupo Nonay para comprar acciones de Banesto (523 millones de pesetas) y para financiar la actividad de la empresa (577 millones)- ejecutaron los créditos. Esta ejecución significó la indefensión financiera de Nonay, al fallar su propio banco.
