La autoridad judicial no puede intervenir en el traslado del fotógrafo Owen a EE UU

El traslado a Estados Unidos del fotógrafo nortemaericano Connan David Owen, que cumple una condena de seis años de prisión en la cárcel Modelo de Barcelona por narcotráfico, puede efectuarse sin que intervenga la autoridad judicial, según informaron ayer fuentes de la Audiencia de Barcelona. Esta ausencia de control de los tribunales en la excarcelación y posterior salida de Owen del país está motivada por el carácter especial del convenio de Estrasburgo que establece que los acuerdos se toman directamente entre los gobiernos de cada Estado.Fuentes de la fiscalía de Barcelona precisaron que se trata de la primera solicitud de repatriación de Barcelona de un extanjero que cumple condena por un delito cometido en territorio español y subrayaron que ningún país europeo, también firmante del mismo convenio, ha requerido hasta ahora el traslado de ciudadanos de su nacionalidad. Las mismas fuentes interpretan que el convenio de Estrasburgo se utiliza para repatriar a determinados penados que no son precisamente delincuentes comunes. En el caso concreto del fotógrafo norteamericano, siempre ha existido la sospecha de su relación con los servicios secretos de EE UU.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat y el director de la Modelo, Santiago Martínez Cadarso, dijeron ayer que Owen saldrá de la prisión en cuanto se presenten los agentes de EE UU encargados de su traslado que, según informa Efe, ya han llegado a España. [En este sentido, Helga Soto, portavoz de la embajada española en EE UU, señaló que Owen será trasladao en los próximos días].

A Owen se le ha relacionado con los servicios secretos de EE UU por las presiones de la Administración estadouniden se para conseguir su libertad. Las gestiones realizadas personalmente por el fiscal general de EE UU, Edwing Meese y el testimonio en el juicio de James Kibble, agente federal de EE UU detenido en España en noviembre de 1986 y al que se le relacionó con el Irangate, fueron dos de las cuestiones concretas que marcaron el proceso judicial.

Por otra parte, la actitud de la fiscalía del Tribunal Supremo ha propiciado la decisión tomada por el Gobierno. Se da la circunstancia de que la fiscal encargada del caso en B arcelona, Maite Calvo, recurrió en su día la sentencia por entender que el fotógrafo era también culpable de un delito de contrabando, acusación de la que fue absuelto por el tribunal. La reunión de fiscales de Sala del Supremo, sin embargo, acordó no recurrir el fallo por razones técnicas, por la existencia del convenio de Estrasburgo sobre traslado de presos entre Estados europeos y EE UU.