Un escándalo financiero hipoteca la viabilidad de la reforma fiscal en Japón
El escándalo político-financiero originado por la compraventa de acciones bursátiles por dirigentes políticos antes de que salieran a cotización progresa en Japón, con un neto deterioro para la imagen del Partido Liberal Demócrata (PLD), base del Gobierno que dirige Noboru Takeshita. El escándalo afecta a la popularidad del Gabinete -sólo el 44% de los japoneses aprueba su gestión, según un sondeo del diario Yomiuri- y dificulta la futura aprobación de una reforma fiscal.
Cada día se producen nuevas revelaciones de supuestas implicados en el escándalo de la compañía Recruit Cosmos, que proporcionó acciones a bajo precio de su filial Recruit Company -lo que permitió pingües y fáciles beneficios a sus poseedores una vez salió a cotización en bolsa- a secretarios del propio primer ministro, Noboru Takeshita; del ex primer ministro Yastihiro Nakasone; del ex ministro de Asuntos Exteriores Shintaro Abe, o del actual ministro de Finanzas, Kiichi Miyazawa. Éste último, pidió perdón el pasado jueves ante el Parlamento, alegando que su secretarlo había usado indebidamente su nombre para adquirir acciones. También se excusó por una operación que dio unos beneficios a su secretario de unos 20 millones de pesetas, a fin de inventar un compromiso entre el PLD y los partidos de la oposición para desbloquear el debate sobre la reforma fiscal.En la jornada de ayer, varios diarios y emisoras de televisión informaron que otros "prominentes" políticos, incluidos varios diputados del PLD ' están igualmente implicados en el escándalo financiero. Se citó también la eventualidad de que varios ministros del anterior Gobierno, dirigido por Nakasone, obtuvieran igualmente beneficios por la operación de Recruit.
'Inside trading'
La legislación japonesa no prohíbe la compra de acciones de sociedades antes de que sean ofertadas públicamente en la bolsa, a diferencia de otros países -como EE UU- donde las prácticas del denominado inside trading sí son penalizadas.Sin embargo, en el caso de Recruit, la opinión pública japonesa considera un "abuso de poder" el hecho de que muchas personas directamente vinculadas con el Gobierno se aprovechasen de la operación de Recruit para obtener grandes beneficios en una práctica, por otra parte muy común, que es uno de los grandes canales de financiación política, sobre todo en época de elecciones.
