Toda la oposición censurará los Presupuestos del Estado para 1989 por olvidar las reformas estructurales

La discordancia entre fines y medios, la desatención a los servicios públicos o al bienestar social y el olvido de las reformas estructurales de la economía, pese a contar con enormes recursos fiscales y con una coyuntura internacional favorable para acometerlas, serán algunas de las críticas centrales a los Presupuestos Generales del Estado para 1989 en el debate a la totalidad que inicia esta tarde el Pleno del Congreso de los Diputados. Toda la oposición ha anunciado que intervendrá para pedir la devolución del proyecto al Gobierno.

Los portavoces de los siete grupos de oposición y tres parlamentarios del Grupo Mixto que han presentado enmiendas al conjunto del proyecto para asegurarse un turno de palabra, ultimaban ayer sus discursos contra el texto del Gobierno, principal instrumento para realizar la política económica durante 1989.Mientras que en años anteriores las críticas globales a los presupuestos coincidían en resaltar la ausencia de resultados de una política continuada de sacrificios, así como la insuficiencia o el descenso real de las inversiones públicas, ahora que el balance macroeconómico ha sido más favorable y las inversiones se han convertido en prioridad de la anunciada política de infraestructuras, la oposición desplazará su énfasis hacia el deterioro de los servicios públicos y la ausencia de reformas estructurales. He aquí una breve síntesis de los argumentos preparados por los respectivos portavoces, según lo que había trascendido hasta anoche:

- Grupo Popular (Manuel Renedo). Hay contradicción entre los objetivos concretos (consolidar la recuperación de la economía, proseguir el saneamiento de la Hacienda pública, reordenar el gasto hacia las infraestructuras y las demandas sociales, reducir la inflación hasta el 3%, etcétera) y las medidas que contempla el proyecto de presupuestos. Tampoco se abordan las reformas estructurales necesarias que permitirían el desarrollo de la economía.

- CDS (Agustín Rodríguez Sahagún). El proyecto es incoherente con los objetivos y no garantiza el saneamiento real porque el fuerte aumento de la recaudación fiscal no corregirá las deficiencias en los servicios públicos ni en las prestaciones sociales, sino que se dirigirá otra vez a afrontar una carga financiera de intereses incrementada sin cesar por una política monetarista excesivamente restrictiva y crecientemente desconectada de la política fiscal y presupuestaria.

- Minoría Catalana (Miquel Roca). Los presupuestos no guardan concordancia con el ajuste que aún requiere la economía, ni afronta la necesidad de adecuar los sectores productivos a las nuevas circunstancias de competitividad dentro del futuro mercado único europeo. También margina a los sectores sociales de los principales aumentos del gasto. No son austeros para bajar la inflación y el déficit. Tampoco avanza mucho en el proceso de descentralización y racionalización del gasto.

Competitividad

- PNV (Emilio Olabarría). Falta una acción para crear empleo lo suficientemente intensa. No se colabora suficientemente a lograr mayores niveles de competitividad. Olvida a Euskadi en el reparto de la inversión pública.- Democracia Cristiana (Modesto Fraile). No hay la correlación debida entre el sacrificio que se solicita a los ciudadanos mediante el sistema tributario y un gasto público exageradamente alto que desatiende criterios constitucionales de eficiencia y economía. Las grandes carencias sociales no se ven debidamente atendidas: reforma educativa, seguridad social, sanidad, haciendas locales, justicia, seguridad pública. Los presupuestos harán más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

- Partido Liberal (José Antonio Segurado). El proyecto no integra todo el sector público estatal y significa un avance del sector público en la economía. Es un instrumento inadecuado para corregir los problemas estructurales por el excesivo aumento del gasto y de la presión fiscal.

- Izquierda Unida (Nicolás Sartorius). No se atienden los objetivos sociales y económicos ligados a una concepción progresista y ajustada a las necesidades más sentidas por los trabajadores y por todos los ciudadanos. El paro seguirá por encima del 16% en 1992, incluso si se cumpliera el escenario macroeconómico. El objetivo de bajar al 3% la inflación es una maniobra que hará perder otra vez poder adquisitivo a funcionarios y pensionistas. Seguirán las carencias en las prestaciones sociales y la postergación del bienestar social en aras de una obsesión por equilibrar las cuentas públicas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 24 de octubre de 1988.

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