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Editorial:

El coste del fraude fiscal

LA APERTURA del primer expediente por no declarar al fisco seguros de prima única parece indicar que Ha cienda comienza a tomarse en serio la persecución de lo que podría ser la más importante bolsa de fraude fiscal hasta ahora conocida., Estos seguros consisten en la suscripción de una póliza cuya característica esencial reside en que los intereses y el capital se cobran conjuntamente al final del período de vigencia del seguro. La ventaja para el suscriptor es doble: por una parte, tiene derecho, si lo declara, a la desgravación de un 10% de la cuota; por la otra, el dinero que recibe al final del período se considera capital, por lo que puede aplicar el coeficiente reductor de la inflación que anualmente se publica junto con la escala del IRPF. Hasta aquí todo es legal; la ilegalidad comienza cuando al suscriptor se le concede la posibilidad de recuperar su dinero antes del vencimiento y, sobre todo, cuando el suscriptor no declara el seguro al hacer su declaración de la renta.Algunas estimaciones apuntan a que el dinero que ha transitado por estas cuentas puede superar el billón de pesetas. Hacienda, al intuir que por esta via podía estar escapando una importante cantidad de dinero a su control, pidió a las compañías de seguros que le remitiesen la lista de suscriptores de pólizas de más de 500.000 pesetas. Inmediatamente se produjo una desbandada de suscriptores, que rescataron precipitadamente sus pólizas e invirtieron su dinero en otras cosas, especialmente en apartamentos, lo cual vino a avivar la especulación urbana. Las investigaciones de Hacienda en este terreno, a pesar de que lo defraudado podría llegar a medio billón de pesetas, son puramente testimoniales: menos de una decena de inspectores se dedica a la búsqueda de este dinero perdido, que, de ser hallado, permitiría una reducción sustancial de la presión fiscal de quienes no eluden los impuestos y, en primer lugar, de los asalariados.

Las consecuencias económicas del fraude son de muy diversa índole: una parte del dinero que ha escapado al control del fisco se ha trasladado al sector inmobiliario, contribuyendo decisivamente a la elevación de precios en el sector; este aumento incita a elevar, a veces mucho más allá de lo razonable, la contribución urbana y, por consiguiente, las rentas imputadas a las viviendas en propiedad, de tal manera que los asalariados que poseen su propia vivienda -es decir, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país- pagarán dos veces por esta curiosa y prácticamente impune rueda del fraude fiscal.

Hay que señalar, sin embargo, que nuestra economía cuenta con un sector sumergido cuyas dimensioñes han sido estimadas oficialmente en un 25% de la producción de bienes y servicios. Es posible que esta cifra marque el límite superior del fenómeno; lo que no es aceptable es la tolerancia oficial en algunas zonas, con el argumento de que su desaparición pondría en tela de juicio miles de puestos de trabajo. De esta manera, el circuito del dinero negro se alimenta continuamente, sin que aparentemente nadie se preocupe en serio de poner término a esta situación. Hasta ahora, la solidaridad, a menudo proclamada, ha consistido esencialmente en redistribuir el dinero de los asalariados entre toda la población. Los no asalariados, los titulares de seguros de prima única no declarados, los propietarios de talleres sumergidos, los especuladores de todo tipo que pueblan España, campan por sus respetos como si para ellos la democracia fuese un asunto de ingenuos idealistas incapaces de llegar hasta sus bolsillos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de octubre de 1988