Los jueces no podrán exigir comprobantes de gastos reservados, según un borrador de la ley del Gobierno

El Gobierno prepara numerosos trabajos técnicos relacionados con la llamada ley del Gobierno, entre los cuales se incluyen mayores garantías de secreto respecto de los gastos reservados y los documentos clasificados. Restringir la investigación sobre el uso de los fondos reservados -de tal modo que los jueces no puedan exigir comprobantes-, incrementar las garantías contra la violación de secretos oficiales y reforzar el fuero de los altos cargos son algunos de los criterios del Ejecutivo y del PSOE, que cinco equipos de expertos tratan de encajar en el marco constitucional. La potenciación de los gobiernos civiles, frente a la postura de los nacionalistas, es otro de los debates abiertos al hilo de los preparativos para la ley.

Una regulación más explícita de los gastos reservados figura entre los criterios principales de la ley en gestación. Dichos gastos estarán protegidos frente a la investigación parlamentaria, sobre la base de considerarlos como la parte de los Presupuestos del Estado que no está sometida a intervención, y por tanto no deben ser justificados ante el Tribunal de Cuentas. Frente a las críticas que esta postura puede suscitar, fuentes gubernamentales argumentan que siempre está abierta la posibilidad de exigir la responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento, prevista en el texto de la Constitución.Los gastos reservados permanecerán sometidos al control jurisdiccional, pero los jueces encargados de investigar el uso de los mismos no podrán pedir comprobantes de gastos como parte de la prueba que deseen practicar. No en vano ha surgido la idea de la ley del Gobierno, en parte, como consecuencia del caso Amedo.

A esta batería de cambios se suma una precisión mayor en lo que se refiere a secretos oficiales. Las normas en preparación tienden a centralizar en el Consejo de Ministros la capacidad para declarar materias reservadas o considerar un asunto como secreto oficial, decisión que ahora pueden tomar autoridades muy diversas, entre otras la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Cuando un asunto sea declarado secreto por el Consejo de Ministros se establecerán fuertes sanciones para quienes violen, a través de su difusión, un documento protegido por tal declaración.

Documentos OTAN

El principal argumento del Ejecutivo es la homologación del sistema español de protección de secretos con el de los países de la Alianza Atlántica. España recibe cada vez mayor volumen de documentos OTAN, pero el Gobierno considera insuficientes las garantías de custodia."Los medios de información pueden publicar en España un documento que ponga secreto, con la casi seguridad de que no va a pasar nada. Eso es literalmente impensable en Francia o en Gran Bretaña", es el ejemplo con que un alto cargo ilustra el argumento. El hecho de que las duras legislaciones francesa y británica sobre secretos oficiales sean producto del período de guerra fría no les parece un serio inconveniente a los gobernantes españoles, quienes recuerdan que dichos países mantienen esas legislaciones en la actualidad.

Otro de los asuntos estudiados es el refuerzo del fuero de los altos cargos de la Administración, lo cual afecta a las condiciones en que se puede exigir su responsabilidad civil y criminal, así como a su declaración como testigos.

Predomina el criterio de equiparar a los segundos niveles de la Administración -probablemente hasta el rango de secretarios de Estado- a ¡a condición de miembros del Gobierno, lo cual atribuiría al Tribunal Supremo su enjuiciamiento civil y penal. También les facultaría para negarse a comparecer como testigos ante un juez y declarar sólo por escrito, como ya ocurre con los ministros.

La dirección del PSOE y los ministros más políticos mantienen también el criterio de potenciar los gobiernos civiles como representación del Estado en las provincias. La ley del Gobierno es el instrumento previsto para regular esa cuestión.

Fuentes gubernamentales reconocen la dificultad de decidir la tramitación de esta ley sin un consenso mínimo con la oposición, que consideran dificil "dado que ningún otro partido tiene posibilidades reales de alcanzar pronto el poder".