Varios miles de curas secularizados podrán cobrar sus pensiones

Los entre 3.000 y 4.000 sacerdotes diocesanos que se secularizaron antes de la firma de los convenios entre la Iglesia y la Seguridad Social (1978), y por tanto tienen problemas para el cobro de pensiones, verán resuelto este asunto en unos meses. Los diferentes contactos que los afectados han mantenido con el episcopado y la Administración apuntan en este sentido, según informó un portavoz del Colectivo de Sacerdotes, Religiosas y Religiosos Secularizados de España (Cosarese), que cuenta con un millar de asociados.El respaldo que los obispos españoles, a través de su presidente, cardenal Ángel Suquía, han dado a este colectivo en reunión mantenida el pasado mes de junio ha sido decisivo para encontrar solución al problema. La entrevista que entonces mantuvieron representantes de Cosarese con Suquía se desarrolló en un clima de cordialidad y comprensión, según los asistentes. La Administración socialista había exigido como paso previo al acuerdo que los obispos respaldaran las peticiones de los sacerdotes y religiosos secularizados.

En la actualidad, la práctica totalidad de los partidos políticos han asumido esta iniciativa que permite subsanar esta situación de injusticia, afirman los afectados. El problema reside en que sólo se reconoce la retroactividad, a efectos de años cotizados a la Seguridad Social para el cobro de pensiones, a aquellos curas que ejercían y cobraban como tales en enero de 1978.

8.000 sacerdotes

En esta situación se encuentran entre 3.000 y 4.000 sacerdotes, muchos de los cuales no cobran pensión al no serles reconocidos los años cotizados mientras ejercían como curas.

En España hay actualmente unos 8.000 sacerdotes diocesanos secularizados, más, otros 30.000 entre religiosos y religiosas, la mayoría de los cuales han solucionado el problema económico al incorporarse a la vida civil, pero queda una minoría desfavorecida: los que ya se encuentran en edad de jubilación.

En octubre del año pasado Minoría Catalana presentó a la mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para regular esta situación, que fue rechazada con los votos en contra del Grupo Socialista y no llegó al pleno. El PSOE, según el portavoz de Cosarese, compartía el fondo de la propuesta pero consideraba que la fórmula no era la más adecuada.