Concesiones a los aliados

EL ANUNCIO de que han sido superados los últimos escollos que dificultaban la firma de un nuevo acuerdo defensivo entre España y EE UU es una buena noticia. No podía mantenerse indefinidamente una situación de incertidumbre, de desconfianza mutua, de roces que estorbaban la relación con uno de nuestros principales aliados. La satisfacción de los dos Gobiernos y de los de sus amigos occidentales es palpable. Podría decirse que la diplomacia española ha conseguido que Washington acepte y respete los intereses estratégicos de Madrid, pero en realidad la formulación de esos intereses ha ido cambiando a lo largo de la negociación para aproximarse sutilmente a los argumentos de la parte contraria. Madrid ha comprendido, haciendo gala de pragmatismo, que su condición de aliado comporta concesiones. El Gobierno ha creído que era preciso que su filosofía estratégica variara para aproximarse a la de sus aliados. Pero es detestable que no lo reconozca y que pretenda convencer de lo contrario.Cabe preguntarse si el precio pagado para normalizar nuestras relaciones con EE UU es el de haber dejado sin efecto las intrincadas matizaciones puestas a nuestra presencia en la OTAN. Dicho de otra forma: si el Gobierno de Madrid ha renunciado sin más a la no nuclearización de España. Una de las condiciones propuestas en el referéndum de marzo de 1986 fue la "prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español". Independientemente de que, como ha asegurado el Ejecutivo en los últimos días, el referéndum fuera meramente consultivo y su resultado pueda ser ignorado por el Parlamento o por el propio Gobierno, es notable que la Oficina del Portavoz asegure que el nuevo "convenio recoge los compromisos contenidos en el referéndum". Es notable porque no es cierto. El nuevo texto asegura que la introducción, almacenamiento y transporte quedan "supeditados al consentimiento del Gobierno español". Quiere ello decir que el Gobierno español, presionado o no por el de Washington, puede decidir la entrada de armamento nuclear sin que, para ello, tenga siquiera que informar a los ciudadanos. En una palabra: puede evitar la prohibición que emana del referéndum. El Ministerio de Exteriores señala que los acuerdos se firman entre Gobiernos y no con las Cortes, pero que eso no significa que el Ejecutivo, planteada la cuestión, no deba consultar al Parlamento. Sin embargo, una vez ratificado por el legislativo el texto del acuerdo, el Gobierno quedará legalmente habilitado para utilizar esa cláusula que le permite cambiar la política de no nuclearización sin una ulterior intervención, del Parlamento.

El Gobierno, por otra parte, ha tratado de explicar que España no se compromete por escrito a no inspeccionar la carga de los buques militares norteamericanos que atraquen en puertos españoles. Eso es dudoso. No preguntar sobre la carga de los buques aliados es un pacto verbal frecuente en Europa y que en España se aplica desde el primer convenio de 1953. Se trata de una práctica que se justifica en base a razones de seguridad estratégica, que pretenden desconcertar al enemigo sobre la real ubicación del armamento nuclear instalado en barcos de guerra. Pero para que no quedasen dudas, Estados Unidos ha logrado introducir ahora -y esta vez por escrito- en un anexo del convenio el compromiso de que, en la autorización que se conceda a los buques de uno y otro país, no se cuestionará el tipo de armas que lleven y no se exigirá que en la correspondiente documentación figure la naturaleza de la carga.

El texto que finalmente ha sido acordado refleja, con los matices apuntados y la excepción del eventual compromiso sobre inspección de buques, las propuestas finales adelantadas por España en el mes de julio. Ello incluye fórmulas transadas, y probablemente equidistantes de ambos intereses, sobre el régimen económico de las bases y sobre el tema de las competencias jurisdiccionales. Lo que nadie ha explicado fehacientemente es por qué no se firmó entonces. En cualquier caso, el pacto no supone un maquillaje cosmético a una situación heredada y sugiere una relación defensiva distinta a la mantenida hasta ahora. En cuanto al incumplimiento reiterado (o al mero cumplimiento simbólico) del resultado de un referéndum imposible de cumplir, poco más queda que comentar.