La Audiencia Territorial de Madrid aprueba las incompatibilidades aplicadas a 75 médicos
La Sala Segunda de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid ha fallado a favor de las incompatibilidades aplicadas en 1986 a 75 médicos que no declararon los puestos públicos que desempeñaban, y ha invalidado parcialmente la que se aplicó a otro facultativo. La sentencia declara "la inadmisibilidad de las peticiones de indemnización formuladas" y que no "ha existido desviación de poder en las resoluciones administrativas recurridas". La defensa ha anunciado que recurrirá esta sentencia.
Estos médicos forman parte de un colectivo de 95 facultativos, cuyos recursos serán fallados próximamente en esta misma sala, que llegaban a desempeñar "hasta cinco puestos de manera simultánea, cuyas retribuciones por puestos públicos, independientemente de la actividad privada, se acercaban al millón de pesetas mensual", según el Ministerio de Administraciones Públicas.Un auto de esta misma sala ordenó a la Administración en noviembre de 1986 la reposición provisional de estos 95 médicos en tanto resolvía el fondo de la cuestión. La abogacía del estado lo recurrió y adujo que su reposición causaría "daños a los intereses generales", toda vez que muchas plazas habían visto aumentada su jornada o existía "coincidencia horaria entre los puestos anteriormente desempeñados, o con actividades privadas que anunciaban a la misma hora en que debían encontrarse en sus puestos públicos".
La Administración sólo repuso a 12 de los 95 médicos declarados incompatibles y comunicó la imposibilidad de hacer otro tanto con los restantes. Todo ello derivó en una querella criminal por supuesta denegación de auxilio a la Justicia presentada por el abogado de este colectivo, Ricardo de Lorenzo, en nombre del sindicato FESIME (Federación de Sindicatos Médicos de Madrid) y del Colegio de Médicos de Madrid, contra Javier Valero, director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.
Éste no ocultaba ayer la satisfacción de su departamento ante esta sentencia que corregía el "mayor revolcón" jurídico que este departamento había sufrido por las incompatibilidades. Valero afirmó que este colectivo de médicos, básicamente de Madrid, eran los que más puestos compatibilizaba.
Objetivo prioritario
Este alto cargo afirma que la Administración actuó prioritariamente sobre ellos ante el boicoteo que suponía su negativa a declarar los puestos que desempeñaban, y, por ello, Administraciones Públicas eligió por ellos las plazas que podían conservar y les privó de las restantes. Valero estima que hay otros 300 médicos que también secundaron dicho boicoteo y a los que se aplicó con igual rigor la ley y que en breve serán objeto de fallo judicial, que él espera "igualmente favorable".
Y precisa que de los médicos que sí declararon se han resuelto ya 3.000 de los 8.000 expedientes abiertos por incompatibilidades de puestos públicos, en su mayoría recurridos, y quedan pendientes otros 12.000 expedientes por incompatibilidades con actividades privadas.
Amnesia y doble lectura
Javier Matos, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que alentó a los facultativos a no declarar sus puestos a la Administración, mantenía ayer que esta estrategia fue positiva. Este pediatra aseguró que no recordaba ya si él declaró o no los puestos con los que quería compatibilizar su trabajo hospitalario: profesor universitario y consulta privada. En Administraciones Públicas sí recuerdan que lo hizo y lo señalan como el "colmo de la incoherencia".El abogado que lleva la defensa de estos médicos, Ricardo de Lorenzo, anunció que recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo y, si hiciera falta, ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Manifestó que el fallo es "desfavorable para ambas partes" y consideró que, al menos en un caso, sí hubo "desviación de poder". Según este abogado, el fallo no se pronuncia sobre el fondo de si deben cobrar o no indemnizaciones e interpreta que la sentencia no es firme, dada su voluntad de recurrirla, y prevalecen los autos que dictó esta sala para la reposición de los 95 médicos.
Administraciones Públicas entiende lo contrario sobre estos dos últimos puntos. Y lejos de pensar en reponer a los médicos, entiende que debe separar a los ya repuestos.
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