Inminente decisión del Tribunal Constitucional sobre el cierre de la 'embajada' vasca ante la CE

El Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse de forma inmediata sobre la suspensión cautelar, por seis meses, de un decreto del Gabinete vasco que establece una oficina de Euskadi en Bruselas, encargada de mantener relaciones con la Comunidad Europea. Esas circunstancias equiparan a dicha oficina con una verdadera embajada, según el Gobierno español, que ha recurrido la constitucionalidad del decreto y ha pedido su suspensión. Si el tribunal admite el recurso a trámite, el Gobierno vasco tiene intención de crear una empresa pública que asuma las funciones de la oficina.

El Gobierno de Madrid comunicó al de Bruselas la semana pasada que España no reconoce oficinas de las autonomías en el exterior, ante la solicitud de información planteada por el Ministerio belga de Asuntos Exteriores a la Embajada de España ante el reino de Bélgica. Las autoridades belgas pidieron dicha información tras recibir una solicitud del jefe de la oficina de Euskadi, Alejandro Otaegui, quien ha pedido un "permiso de estancia especial" en ese país.La solicitud de Otaegui había sido apoyada por el consejero vasco de Presidencia, Juan Ramón Guevara, en una gestión realizada ante el departamento de extranjeros del Ministerio belga de Asuntos Exteriores.

En estos momentos, la continuidad o no de la propia oficina depende de que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Administración central contra el decreto que ampara la creación de la oficina. En caso de admitirlo, se produciría la suspensión de la norma recurrida por un período de seis meses.

El conflicto tiene su origen en un decreto del Gobierno vasco, promulgado en mayo pasado, por el que se creaba un "Gabinete para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas", en el que "se encuadra su oficina en Bruselas", que "depende orgánicamente" de consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico Una de las funciones atribuidas a dicho órgano consiste en "coordinar las relaciones que se produzcan entre las instituciones públicas vascas y los organismos comunitarios y el Consejo de Europa".

A juicio de la Administración central, el decreto supone el establecimiento de una auténtica embajada del Gobierno vasco ante la CE. "Una situación insostenible", según el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña, quien alega que la Constitución reserva exclusivamente al Estado la competencia sobre relaciones exteriores.

Intensas negociaciones

Una vez promulgado el decreto, el Consejo de Ministros requirió al Gabinete vasco para que rectificara. Esa solicitud fue acompañada de intensas negociaciones, la última de ellas protagonizada por el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y el consejero vasco de Presidencia, Juan Ramón Guevara, a finales de julio pasado.Guevara mantuvo que el problema era meramente formal, y no aceptó la retirada o rectificación del decreto, pero el Gobierno central no lo ha estimado así y desde entonces está entablada una batalla jurídica para echar abajo el decreto vasco.En esas negociaciones, los representantes de la Administración central indicaron que no se oponían a la existencia de una oficina para defender los intereses vascos en Bruselas -acogida al funcionamiento de los lobbys- e incluso a la posibilidad de una representación de mayor rango formal, siempre que estuviera bajo la autoridad del embajador de España. Posibilidades ambas que Guevara no aceptó.

Según el punto de vista gubernamental, la oficina de Euskadi en Bruselas actuará fuera de la ley si trata de mantener relaciones con los organismos comunitarios, una vez suspendido el decreto de creación, en el supuesto de que sea admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por la Administración central.

Empresa pública

El Gobierno vasco transformará la situación jurídica de su oficina en Bruselas si el Tribunal Constitucional ordena su cierre. El Ejecutivo de Vitoria decidió, 24 horas antes de que el Gobierno central presentara el recurso, iniciar los trámites para crear una sociedad pública que pueda hacerse cargo de la titularidad de la oficina, informa desde Bilbao Victorino Ruiz de Azúa.La representación vasca en Bruselas se abrió como delegación de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial. En septiembre del año pasado, pasó a depender de la Consejería de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico del Gobierno. "Lo que se nos pide ahora con el recurso del Ejecutivo central", declaró ayer un alto cargo de la consejería, "es que volvamos a la fórmula de la sociedad anónima intermediaria, con capital enteramente público, para quitar a la delegación carácter institucional".

La misma fuente aseguró que todo el mundo, incluido el Gobierno central, admite la necesidad de una delegación de la comunidad vasca en Bruselas, pero su carácter institucional todavía suscita recelos y sospechas. "Esto tiene que ver con un concepto bastante decimonónico de las relaciones exteriores", añade el portavoz de la Consejería de Presidencia, "porque ahora Bruselas es en cierta forma como nuestra casa y cada vez lo va a ser más".