La postración del detenido

Cuando se presenta una denuncia contra funcionarios, el Gobierno de turno calla y espera. Si el juez abre un sumario, los políticos se abstienen "porque el asunto está sub iudice". Si hay procesados, el portavoz oficial nos recordará que gozan "también" de la presunción de inocencia. Si son condenados, el Gobierno se felicitará de que funcione el Estado de derecho. Ni antes ni después se depurarán las responsabilidades públicas correspondientes.

La corrupción y los crímenes cometidos al amparo del poder no reciben todavía una respuesta política. Cuando no hay proceso judicial, no se reconocerá nunca su existencia; cuando lo hay, el asunto quedará relegado a este aspecto jurisdiccional. Esto contribuye al interés de los medios y de la opinión pública por los procesos en que se ven imbricadas responsabilidades políticas. La delegación que se hace desde el ámbito político al judicial, cuando hay que solventar esas cuestiones, ha contribuido al curioso fenómeno de una Prensa centrada cada vez más en la casuística forense, donde es más importante y apasionante leer lo que declaró este confidente o aquel policía que cualquiera de los plúmbeos discursos de las 12 tomas de posesión o de la sesión parlamentaria del día anterior.La decisión judicial que recae en estos casos tienen siempre un matiz absolutorio no escrito. Aunque condene a los acusados, esa condena se presenta como verdad revelada (la sentencia es la ley del caso concreto), y lo será no sólo en cuanto a su contenido, sino también en cuanto a su dimensión: todo lo que ella no alcance se verá libre de reproche. La sentencia del caso el Nani es un claro ejemplo de esto: bajo una apariencia rigurosa y totalizadora produce un efecto de reducción. No sólo los cuatro policías no condenados -y otros compañeros suyos- se han visto aliviados; todos los representantes del Gobierno han destacado en sus declaraciones cómo esta sentencia "señalaba responsabilidades penales", las cuales serían "una responsabilidad de personas concretas". Verdaderamente, los comentarios no habrían sido de diferente tono si se hubiera producido una sentencia absolutoria. Lo que se necesitaba era una sentencia para clasificar el asunto entre los anales judiciales.

Los propios magistrados que la firman se prestan a la interpretación oficial, cuando en los fundamentos de su resolución aclaran que en la misma sólo se juzga el comportarniento de los funcionarios procesados "sin mayor extensión ni generalización". Nadie lo duda. Sin embargo, todos miran a los lados o hacia arriba y no es casualidad si el calificativo más oído en estos días es el de sentencia ejemplar.- efectivamente, lo es, pero no por lo bien redactada que está, sino porque, aunque no lo pretenda, implica un juicio de valor sobre otras conductas ajenas al proceso.

La realidad es que con la transferencia de ciertas funciones de depuración a los tribunales, los políticos; están agobiando a una clase judicial que no estaba predispuesta a ello. Los pocos casos de corrupción que llegan a instancias judiciales están ya muy podridos. Los jueces no tienen forma de reparar el perjuicio causado: ni el concreto de las víctimas ni el general de la sociedad. Tampoco tienen competencias para exigir responsabilidades políticas. Sobre todo cuando al ministro que todos señalaban se le dota de una nueva cartera ministerial, forrada con una protección especial que se llama fuero. Aunque esto no sería sino la anécdota de la historia, ya que el juicio que la conducta de un ministro está reclamando no es un juicio de responsabilidad jurídico-penal.Fuga

Hay una responsabilidad exigible al margen del proceso y que la sentencia, lejos de cubrir, precisa y reclama. Ya no hay hipótesis de fuga del detenido, ni simples presunciones, ni desconocimiento de lo sucedido. Ahora hay oficialmente varios torturados y un desaparecido en las mismísimas dependencias policiales. Alguien tendría que explicar ya por qué los jueces han podido llegar, con todas sus limitaciones materiales, a averiguar estos hechos, mientras que el Gobierno ha sido incapaz durante cinco años de llevar a cabo por dentro la misma investigación. Y aun aceptando esta incapacidad, tampoco se entiende por qué razón esa investigación no se nos ha anunciado ahora, ya que la sentencia no termina de explicarnos lo sucedido con el Nani aquella noche en la Puerta del Sol: nos cuenta que "le hicieron objeto de una serie de quebrantos físicos y psíquicos", y más adelante, que, para ocultar su estado, decidieron "Ilevarse al Nani sin contar con su voluntad" y aparentar que se les había fugado. Dos preguntas se derivan de este relato: ¿cuál era el estado del detenido que se quería ocultar? ¿No se contó con su voluntad por una bellaquería más, o porque esa voluntad había dejado de existir para siempre? La respuesta es muy uniforme, en un muestreo de ciudadanos comprendidos entre todas las edades, condiciones y creencias. Pero aquí no valen las encuestas, y el Gobierno tiene que dar una explicación completa con urgencia. Si no es capaz de articularla, es que hay una línea de mando, que va desde el despacho del comisario jefe de la Policía Judicial y llega hasta arriba del todo, que no nos sirve.

La asepsia del texto de la sentencia puede convenir muy bien a los términos de su fallo, pero no cuenta toda la verdad, porque no es su cometido. El Estado de derecho ha funcionado bien en este caso, por lo que respecta a uno de sus poderes. Los representantes de los otros no deberían dejar de leer la sentencia, para cumplir luego con su parte. Tampoco deberían dejar de leerla los ciudadanos. Al recorrer su prosa comedida y fría, irían poco a poco acumulando una sensación especial. Pasarían de los "quebrantos" de Corella al "intenso interrogatorio, con creciente actividad agresiva" que padeció Ángel Manzano. Leerían el repertorio de sufrimientos aplicados hasta que -dice la sentencia- "en hora no precisada de la madrugada del 12 al 13 de noviembre, se derrumba Ángel Manzano y cae en absoluta postración".

Desde la cárcel donde está ingresado, tras entregarse voluntariamente para declarar en este juicio, Manzano también quiere que el Gobierno le diga si la postración del Nani fue, además de absoluta, definitiva.