Un juicio vergonzoso

Dos años después, el triple asesinato de Caparuch se ha convertido en un escarnio de la justicia, que, en una tercera instancia, ha optado por archivar el expediente.El sábado 6 de septiembre de 1986, el biólogo español Vicente Castelló -que permaneció escondido casi 24 horas entre la maleza del monte antes de ser rescatado- formuló una denuncia ante las autoridades. Sólo el lunes por la mañana llegaron al lugar tropas bolivianas y estadounidenses para encontrar sólo una fábrica abandonada. Según los habitantes de la zona, el domingo se registraron varios vuelos entre la serranía de Caparuch y territorio brasileño.

La infraestructura de la fábrica tenía una capacidad de producción entre 300 a 600 kilos de clorhidrato puro de cocaína a la semana y en ella trabajaban, al parecer, cerca de 200 hombres, de acuerdo a los cálculos del Parlamento.

En uno de los actos más escandalosos de corrupción protagonizado por magistrados de Santa Cruz, el sumario contra los implicados en el crimen de Huanchaca y los propietarios de la fábrica fue sobreseído.

En un último dictamen, el juez dictó sentencia de 20 años de cárcel contra un boliviano (muerto), contra un colombiano y un brasileño, además de una decena de brasileños, algunos de los cuales, casualmente, habían estado ya en cárceles de su país cuando se cometió el crimen, de acuerdo con investigaciones de un grupo de periodistas de Santa Cruz, la segunda ciudad de Bolivia.

Dos de los magistrados fueron suspendidos por prevaricación después de que dictaran sus sentencias. Pero, como asegura el ingeniero Francisco Kempff, pronto volverán a su actividad "como si nada hubiera pasado, como si no existiera el crimen de Huanchaca". Los expedientes del caso pasaron a la Corte Superior del Distrito, luego al Ministerio Público y después a la Corte, nuevamente, donde, según se asegura en la Prensa de La Paz, "duermen el sueño de los justos".

El diputado del Partido Socialista, Roger Cortez, señala que el sistemático entorpecimiento de las investigaciones sobre Huanchaca y la muerte del diputado Edmundo Salazar -que habría encontrado importantes pistas sobre el caso- prueban la existencia de grandes intereses y llevan a reafirmar la hipótesis de que el gran complejo industrial cocainero pudo haber sido el que abastecía a la conexión Barranquilla, mediante la que la DEA se aprovisionaba de cocaína para comprar armamento destinado a los rebeldes nicaragüenses". Kempff, por su parte, considera que la deliberada negligencia con la que actúa la DEA no tiene otra explicación.