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El Parlamento canario investigará a los miembros del actual y del anterior Gobierno

El Parlamento canario investigará la posible existencia de negocios inmobiliarios y otros intereses económicos vinculados a miembros del actual Gobierno autónomo y del de la anterior legislatura. El CDS, que preside el Ejecutivo, ha propuesto la creación de una comisión para tal fin que cuenta con el apoyo de todos los partidos que integran el pacto de gobierno (Agrupaciones Independientes de Canarias -AIC-, AP y Agrupación Herreña Independiente -AHI-, además de los centristas), lo que supone la mayoría de la Cámara. "Se actuará si es necesario por la vía judicial contra los implicados, caiga quien caiga-, incluidos los difamadores", señaló el portavoz del CDS, Juan Manuel Fernández del Toreo.

La iniciativa centrista está encaminada a despejar todas las dudas sobre la honorabilidad de los políticos canarios puesta en cuestión estos días. Surge poco después de que Izquierda Canaria Unida (versión de IU en las islas) denunciara públicamente que varios miembros del Gobierno y parlamentarios del pacto de gobierno participan en inversiones turísticas y utilizan el tráfico de influencias.La polémica sobre el presunto escándalo político se desató el pasado mes de agosto, a raíz de que los comunistas acusaran al vicepresidente, Lorenzo Olarte Cullen, y al consejero de Economía y Comercio, Luis Hernández Pérez, ambos del Centro Democrático y Social (CDS), junto a otros dos diputados del mismo partido, Julio Bonis y José Santos Miñón, de haber obtenido de la Caja Insular de Canarias un crédito hipotecario de 1.080 millones de pesetas para la construcción de apartamentos turísticos situados en Morro Jable, en la isla de Fuerteventura.

100 millones de pesetas

El caso, que revestía cierta gravedad al estar las cajas de ahorros canarias sometidas por ley al control y fiscalización del Gobierno, fue negado por Olarte Cullen (al que se atribuían ingresos de 100 millones de pesetas por la inversión), quien solicitó al Banco de España una investigación para que se demuestre oficialmente que ni él ni sus compañeros habían suscrito la petición del préstamo.El consejero de Economía, Hernández Pérez, anunció, a la vuelta de sus vacaciones, una querella contra José Carlos Mauricio, portavoz de ICU, a quien acusó de "estar haciendo el juego sucio a alguien".

El diputado comunista Antonio González Viéitez había descalificado al Gobierno autónomo al afirmar que a sus miembros les unen intereses económicos, lo que provocó que el presidente del gabinete, Fernando Fernández Martín del CDS, remitiera dichas declaraciones al fiscal. ICU, que también ha pedido investigar posibles casos de corrupción, considera que miembros del Gobierno se están beneficiando del auge del negocio turístico en las islas, donde podrían estarse moviendo 12 billones de pesetas.

En opinión de esta fuerza, varios cargos públicos intervienen al menos en diez operaciones inmobiliarias.

Entre los citados, figura el consejero de Industria y Energía, Manuel Fernández, de AP, al que se vincula a una promoción inmobiliaria noruega cuya inversión alcanzaría los 14.000 millones de pesetas, así como el diputado y empresario Francisco Ucelay, de AIC, y el líder de esta misma fuerza y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Hermoso, también parlamentario regional, como copropietario de la empresa de materiales de construcción Mahersa, denunciada por falta de licencia municipal en Adeje (Tenerife).

Declaración de bienes

En medio de esta aparente crisis de ética de los políticos de la comunidad autónoma, el PSOE ha exigido a sus parlamentarios en la cámara regional que realicen una declaración notarial de bienes patrimoniales antes de que finalice el mes.Antonio Martinán, presidente de este partido en Tenerife, indicó que "negocios y política son incompatibles".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de septiembre de 1988

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