UGT pide al Gobierno que se distancie de los intereses empresariales en el proceso de concertación social

La Unión General de Trabajadores considera imprescindible que, en el proceso de concertación social que se retoma este mes de septiembre, el Gobierno "se distancie de los intereses empresariales más corporativos" y se acerque a las demandas sociales presentadas por los sindicatos. Asimismo pide que se abran nuevas mesas de negociación para discutir el aumento de las pensiones, el establecimiento de pensiones no contributivas, las inversiones públicas, la creación de empleo y aspectos relacionados con los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

La ejecutiva confederal de la UGT, en una reunión celebrada ayer, la primera tras las vacaciones de verano., y en la que no estuvieron presentes Nicolás Redondo, José Manzanares y Miguel Ángel Ordóñez, hizo un balance de las mesas de negociación abiertas durante el mes de julio -cobertura a los parados y reforma del instituto Nacional de Empleo (Inem)- y la valoración que hacen es que no se ha producido un avance real porque entienden que falta voluntad en el Gobierno para dar un giro social.UGT reclama al Ejecutivo que ponga en marcha el resto de las mesas negociadoras y de modo perentorio aquellas en las que se han de tratar aspectos de los Presupuestos Generales del Estado, la subida de las pensiones, la equiparación de las prestaciones mínimas con el salario base y el establecimiento de las nuevas pensiones no contributivas, así como aquellos aspectos de los presupuestos vinculados al empleo, el bienestar social y las inversiones públicas.

En relación al tema del empleo, UGT considera necesario converger en una política eficaz y progresista que establezca un cuadro positivo y esperanzado para los parados y muy particularmente para los jóvenes. Precisamente la próxima semana, en la universidad Menéndez Pelayo, tendrá lugar un debate sobre el paro juvenil en el que participarán Administración, partidos políticos, organizaciones juveniles y los redactores del libro blanco sobre el paro, en el que previsiblemente el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, anuncie cuál es la posición del Gobierno antes de la convocatoria de la mesa de negociación.

UGT también está pendiente de una respuesta del presidente del Gobierno a su petición de que se pongan en marcha los fondos de inversión, ante el crecimiento expansivo de los excedentes empresariales, y que permitan en una coyuntura económica favorable garantizar una política de inversión y empleo. Sobre esta cuestión, la organización empresarial CEOE ha mostrado al Ejecutivo su total oposición a constituir los reclamados fondos de inversión.

Difícil acuerdo

La central asimismo considera necesario un acuerdo sobre empresa pública que potencie su papel estratégico y permita definir un nuevo y avanzado modelo de relaciones laborales.

La dirección del sindicato socialista es consciente de que tal como ellos plantean el proceso de concertación es muy difícil lograr un acuerdo absoluto, pero le preocupa aún más "el intento pendular del Gobierno, en coincidencia con los empresarios contra los sindicatos".

Para UGT resulta "gravísimo e inadmisible" la modificación regresiva en aquellos campos del marco laboral "construido con el consenso de todos y con particular esfuerzo de UGT". En un comunicado hecho público se afirma que "tal pérdida de equilibrio y cordura fracturaría la relación del Gobierno con la base social (desempleados, pensionistas y asalariados, entre otros) que le apoya".

En relación a las mesas de negociación en marcha, la central insiste en que la reforma del Inem debe perseguir la transformación del instituto en una agencia pública de colocaciones y tutela de los derechos contractuales. Considera chocante que el Gobierno haga una cuestión de principios de un tema administrativo y pretenda eliminar el registro obligatorio de los demandantes de empleo.

Sobre la segunda discusión iniciada, la cobertura del paro, y sobre la que no están previstas nuevas reuniones, UGT reclama el cumplimiento del compromiso firmado en 1984 en el Acuerdo Económico y Social, en el que se fijó una protección para el 48% de los parados. Esta cuestión es para el sindicato un "reto social" que permitirá valorar la voluntad del ejecutivo de atender al colectivo más desfavorecido.

Por otra parte, informa Mario Bango, otro dirigente de UGT, José Antonio Saavedra, quien ha anunciado su dimisión como secretario general de la federación estatal minera, ha declarado: "Me voy antes de que me echen". Saavedra, que acaba de cumplir una sanción de cuatro meses, iba a recibir los próximos días la comunicación de otra por un período de seis meses de inhabilitación, lo que le impediría presentarse a la reelección en el congreso previsto para octubre. El- sindicalista ha dicho que no tiene decidido sí se va a integrar o no en Comisiones Obreras y, ha añadido que rechazó una propuesta para dejar la federación a cambio de obtener un puesto en el Ministerio de Trabajo.