Múgica ofrece un diálogo continuo para resolver los problemas de la justicia

ENVIADO ESPECIAL El ministro de Justicia, Enrique Múgica, anunció ayer una etapa de "diálogo continuo" con todos los órganos y colectivos relacionados con la Administración de Justicia y el abandono de la vía del conflicto durante la clausura del curso sobre Administración de justicia y reformas procesales, celebrado esta semana en la Universidad Internacional Meriéndez Pelayo, de Santander. En relación con el tema más debatido en el curso, Múgica defendió para los fiscales la investigación de los delitos "al menos en aquellos casos en que corresponde el fallo al juez".

El ministro confirmó que, mientras que se realizan estas reformas en el proceso, se están preparando medidas de sustitución entre los jueces para evitar el atasco que se produciría en septiembre como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que permite recusar para el juicio al juez que instruyó el caso.

Múgica no contestó a los argumentos esgrimidos el día anterior por el magistrado Juan Alberto Belloch sobre los riesgos de que los fiscales seleccionen los delitos a investigar (véase EL PAí S de ayer). La única respuesta a este planteamiento fue la del fiscal José María Paz, quien propuso la supresión total de la instrucción escrita, iniciativa que no fue del agrado de los anfitriones del curso, los procuradores, profesionales que obtienen el máximo beneficio profesional del trasiego de papel judicial.

Continuismo

En su discurso, Múgica afirmó la identidad del actual Gobierno con el anterior y, por lo que se refiere al Ministerio de Justicia, resaltó el impulso que significará para la Justicia española la futura ley de demarcación y planta, que convertirá la actual relación de un juez por cada 19.000 habitantes en uno por cada 11.000. Hasta la plena vigencia de dicha ley, anunció la aceleración de la selección de nuevos jueces y la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial en la elaboración de un plan de urgencia, fijación del volumen de trabajo exigible y remodelación de las retribuciones.Pereviamente, el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, ofreció fórmulas para mitigar el atasco de recursos de casación, de los que actualmente se encuentran pendientes más de 15.000. Ruiz Vadillo aseguró que no existen elementos humanos ni instrumentales, a pesar de la implantación de la informática, para atender estos recursos.

Entre las medidas para limitar el número de causas penales que llegan al Supremo, propuso despenalizar delitos como los de imprudencia, escándalo público y pequeños hurtos, robos o aproplaciones indebidas, así como propugnó una reforma procesal penal que asegure que todas las sentencias pueden ser apeladas ante un segundo tribunal, pero reservando el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para los casos estrictamente necesarios.