El poder invsible

EL GOBIERNO ha elegido como trinchera frente a las posibles derivaciones del caso Amedo la defensa de las prerrogativas del Ejecutivo en materia de secreto. "Todas las acciones relativas al derecho de otros hombres cuyo principio no es susceptible de ser hecho - público son injustas". Fue Kant, en La paz perpetua, quien primero expresó esta relación contradictoria establecida entre el secreto y la justicia de los actos de gobierno. La publicidad de éstos es la primera y fundamental forma de control de que dispone la sociedad respecto a ese Gobierno. Pero es, además, el criterio decisivo para distinguir una acción lícita de una que no lo es. Ampararse en la necesidad de defender el Estado de derecho para invocar la ampliación de esas zonas de sombra que se extienden bajo el manto del secreto oficial es una contradicción. La superioridad del Estado de derecho respecto al arbitrismo del absolutista reside en su capacidad para garantizar la transparencia de las decisiones del poder.En su conferencia de prensa del viernes pasado, Felipe, González dedicó el grueso de sus reflexiones a defender la obligación del Gobierno de ocuparse de lo que denominó "los desagües" del sistema. Para que no quedaran dudas, puso en relación esas tareas de fontanería con la existencia de fondos reservados, es decir, de las zonas de sombra. En la trastienda de ese discurso late una filosofía que no es ajena a una de las vetas de la tradición de la izquierda contemporánea: la sintetizada en la fórmula sartriana de las manos sucias, simétrica a la razón de Estado, inscrita más bien en la tradición de la derecha.

En este punto, las referencias al derecho comparado podrán servir para demostrar que los principios del Estado de derecho se vulneran por doquier, pero nunca para justificar tales vulneraciones. Por lo demás, dista de ser evidente que el terreno ganado por la impunidad al Estado de derecho haya servido para hacer avanzar un ápice la causa de la defensa de la democracia frente a quienes tratan de liquidarla. Por supuesto que el terrorismo supone la negación misma de la moral política -y aun de la moral-, y que su aspiración más definida consiste en acabar con los principios del derecho. No hay necesidad de recordar que tratan de aprovechar las garantías que la democracia concede a todos los ciudadanos para minarla. Efectivamente, ello es así, y de ahí la hipocresía insuperable de ciertas actitudes. Pero si algo ha enseñado la experiencia de las últimas décadas es que la única posibilidad de victoria que tienen los terroristas depende de su habilidad para conseguir que los demócratas interioricen los métodos de aquéllos.

En España, el secreto oficial sobre materias referentes a la seguridad y defensa del Estado y su protección penal tienen una apoyatura legal equivalente a la que pueda haber en cualesquiera de los países europeos. La ley de secretos oficiales de abril de 1968, reforinada por la de octubre de 1978, faculta al Consejo de Ministros para declarar materia clasificada, secreta o reservada cuantos asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas considere que puede poner en peligro la seguridad y defensa del Estado. Lo que no se puede pretender es que el derecho de los órganos del Estado a cubrir con el silencio determinados asuntos sea sinónimo de ímpunidad y que la ley penal se quede a sus puertas cuando el poder judicial dispone de indicios de que a su amparo ha podido cometerse un acto defictivo. En ningún Estado democrático es eso posible. Como tampoco lo es extender más allá de lo estrictamente necesario el manto del silencio a las actividades del aparato del Estado.

En materia de secretos oficiales, el reforzamiento del Estado de derecho no pasa por la ampliación de la batería legal que los ampara, sino, en todo caso, por aumentar las garantías frente a los abusos cometidos en su nombre o bajo su manto protector. Si el secreto se expande más allá de lo estrictamente necesario, se hace impermeable al Parlamento, se convierte en valladar frente al juez investigador de un delito y se recurre a él para hacer opaca la gestión de los asuntos públicos a la mirada de los medios de comunicación y de los ciudadanos, estaremos ante una perversión de su justificación legal y ante su transformación en patente de corso para la arbitrariedad, el privilegio y la actuación irregular o, lisa y llanamente, delictiva.