El Gobierno argentino modificará su política económica tras el acuerdo para la concesión de un nuevo crédito del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió un crédito-puente a Argentina por 1.200 millones de dólares y autorizó el giro de otros 450 millones de un préstamo anterior que estaba bloqueado. El equipo económico del Gobierno argentino, que encabeza el ministro Juan Sourrouille, permaneció reunido durante todo el fin de semana y en cuanto se confirmó el acuerdo con el FMI ordenó de inmediato la aplicación del nuevo plan económico que preparaba desde hace un mes. Su objetivo es reducir la inflación mensual -con un alza estimada en el 25% para el mes de julio- a menos del 10%. El Banco Central dispuso "feriado cambiario" hoy y mañana.El cierre obligado de los bancos y de las agencias de cambio impide, de forma preventiva, las operaciones de compra o venta de divisas hasta que anuncien oficialmente las medidas que van a regir en los mercados a partir del miércoles. El plan contempla una devaluación de la moneda argentina -calculada en el 10%- y la autorización para que las exportaciones industriales se liquiden al valor del dólar llamado financiero, el que tiene un tipo de cambio más elevado. Este era un reclamo público de la Unión Industrial Argentina. El Gobierno ha optado por atender muchas exigencias para promover lo que llama "un shock de las exportaciones industriales".
El sector que aparece ahora como perjudicado es el agropecuario, al que se había liberado antes de las retenciones por exportación.
Agricultura e industria
Las organizaciones que representan a los medianos y grandes terratenientes, liberados por la Sociedad Rural Argentina, consideran que obligarles ahora a liquidar sus divisas por el mercado comercial -a un tipo de cambio superior al financiero- es imponer un impuesto encubierto similar a las retenciones.El conflicto entre el campo y la industria, sobre el que arbitra el Gobierno, es una grotesca muestra del drama argentino. Los terratenientes han tenido buenas cosechas y este año contaron a su favor con el aumento de los precios internacionales a causa de la sequía que afectó a los productores de Estados Unidos. El ingreso por sus exportaciones podría aumentar en unos 1.000 millones de dólares.
El Gobierno desea promover las exportaciones industriales con parte de ese dinero, pero los terratenientes advierten que necesitan renovar equipos y hacer inversión. La Unión Industrial recuerda por su parte que el agro fue subsidiado con créditos en los últimos años y que, además, el alza interna de sus precios contribuye a una inflación que pagan todos.
Por si faltara alguien, desde el exterior llegan los avisos del Fondo Monetario Internacional, que reclama a su vez todos los excedentes comerciales para el pago de intereses de la deuda argentina. Precisamente el FMI bloqueó el último préstamo. Todas las medidas del nuevo plan apuntan a la promoción de las exportaciones y a un riguroso ajuste interno -otro más- en el que se promete la reducción del déficit fiscal a cotas mínimas, nunca alcanzadas hasta ahora. El ministro Sourrouille y su equipo admiten que no perciben en la sociedad la confianza y el apoyo que generó en junio de 1985 el llamado Plan Austral. Ahora han tenido que pactar con las grandes empresas formadoras de precios para tratar de alcanzar una "desindexación concertada" de la economía.
Los índices revelan que el nuevo plan no es una sorpresa para los sectores económicos mas poderosos. Las tarifas de las empresas públicas aumentaron un 21% más que el coste de la vida, y los privados se cubrieron con aumentos similares. La Confederación General del Trabajo (CGT) exigirá una compensación per la pérdida del 30% en el valor del salario real durante los últimos tres meses.
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