Juicio civil a la Junta que invadió las Malvinas

El fiscal Luis Moreno Ocampos, con la lectura de los "agravios" o "mejora de fundamentos" -como se los denomina jurídicamente-, inició ayer en la Cámara Federal de Buenos Aires la instancia civil del juicio contra la Junta Militar y otros tres oficiales responsables de la invasión a las islas Malvinas el 2 de abril de 1982 y de la guerra que concluyó con la rendición de las tropas argentinas ante las británicas el 14 de junio de ese año. Los acusados, el general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo, miembros de la Junta que gobernaba el país, ya habían sido condenados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a 12, 14 y 8 años de prisión, respectivamente.

La fiscalía reclama el aumento de la pena para los tres y también que se condene a los generales Mario Benjamín Menéndez y Omar Parada y al vicealmirante Juan José Lombardo, quienes fueron absueltos por el tribunal militar.El proceso, anunciado por los periódicos argentinos con el equívoco título de Juicio por la guerra de las islas Malvinas, es en realidad la apelación civil de un juicio que ya ha concluido en el fuero militar.

La fiscalía sólo reclama ahora el aumento de la pena para los miembros de la Junta que decidió la invasión y el castigo a tres oficiales que fueron absueltos por sus pares.

En todos los casos se les acusa por faltas concretas durante los acontecimientos que llevaron al país a la guerra con el Reino Unido. Pero aquí ya no podrá revisarse la decisión política de ocupar las islas ni las posibilidades diplomáticas de acuerdo que se intentaron o rechazaron antes de que se iniciara la guerra.

La Junta Militar que sucedió a la derrotada ordenó, poco después de finalizada la guerra, la creación de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas, Estratégicas y Militares en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS), que se conoció como Comisión Rattenbach por el apellido del anciano teniente general Benjamín Rattenbach, que presidía la comisión y murió poco después de terminar su informe.

Gravísimos errores

La rigurosa investigación que llevaron a cabo los oficiales retirados reveló los gravísimos errores cometidos por los responsables de la conducción y aconsejaron al tribunal militar penas severísimas".

El informe Rattenbach, elaborado en septiembre de 1983, fue ocultado por la última Junta Militar de la dictadura, hasta que alguien decidió filtrar una copia a la revista semanal Siete Días, controlada en aquel momento por civiles vinculados a la Armada. Después de que se publicara una parte del informe, los periodistas nunca pudieron acceder al texto completo.

Los oficiales retirados, agrupados en el Centro de Militares para la Democracia (Cemida), preparan ahora un libro con la documentación completa del trabajo realizado por aquella comisión.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició un juicio sumario a los militares responsables del conflicto el 11 de noviembre de 1983. Se tomó dos años y medio de tiempo para dictar sentencia. Por fin, el 15 de mayo de 1986 ordenó la absolución de 11 de los 14 acusados y condenó a Galtieri, Anaya y Lami Dozo. Toda la responsabilidad de la invasión de la guerra, que le costó al país más de 1.000 muertos y una fortuna nunca calculada por la compra de armas, quedó reducida a la prisión de la Junta Militar.

El fiscal militar había reclamado también una pena de tres años para el vicealmirante Lombardo -el comandante estratégico operacional-; de cuatro años para el general Mario Menéndez, comandante y gobernador de las islas luego de la invasión, y de dos años y seis meses para el general Parada, jefe de la Tercera Brigada, que abandonó a sus tropas en la isla Gran Malvina. Ese reclamo es el que ahora retoma el fiscal civil, Luis Moreno Ocampo.

Las audiencias se celebran en la misma sala en que se acaba de juzgar a los civiles involucrados en el intento de ocupar el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires durante la rebelión que encabezó el ex teniente coronel Aldo Rico, en enero pasado.

Las medidas de seguridad se han reforzado para este juicio y se advierte también más interés en la Prensa argentina y extranjera.

Las defensas de los acusados, que cuentan con asesores militares, harán su descargo cuando concluya la demanda del fiscal. Pasadas dos semanas comenzará la ronda de testigos militares, más de 130, entre los que se encuentran altos oficiales que conducen actualmente las Fuerzas Armadas, y un solo civil, el ex canciller Nicanor Costa Méndez. Dentro de tres meses, el tribunal tendrá el expediente listo para sentencia.

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