Felipe González anuncia reformas inconcretas en la legislación que afectan a la seguridad del Estado

El presidente del Gobierno, Felipe González, recabó ayer el apoyo de la oposición para modificaciones legales que afectan a la seguridad del Estado -cuyo contenido no desveló- durante la sesión celebrada por el Congreso para analizar el reajuste del Gobierno. Esto sucedió después de que casi todo el abanico de la oposición, desde la derecha a la izquierda, reclamara transparencia informativa y diligencia del Ejecutivo para esclarecer si existe implicación del Estado en la creación de la banda terrorista de los GAL, peticiones que el presidente no contestó.

González sólo aclaró a los parlamentarios que se trata de aplicar en España, "ni más ni menos", las normas existentes en democracias más arraigadas que la nuestra. "Me vale cualquier modelo de democracia que haya mostrado su eficacia: Francia, la República Federal de Alemania, Gran Bretaña o Italia, el modelo que quieran", dijo.Los ministros de Justicia e Interior, Enrique Múgica y José Luis Corcuera, aseguraron desconocer el alcance de las reformas anunciadas por el jefe del Gobierno ante los parlamentarios. Múgica aventuró la posibilidad de que los cambios vayan en la línea de "reforzar el Estado de derecho para garantizar mejor las libertades", mientras Corcuera aseguró que no sabía nada, aunque quizá se tratara de algo relativo a la seguridad.

La oposición no pudo pedir aclaraciones a Felipe González, toda vez que el anuncio del presidente se produjo en los 30 últimos segundos de la sesión y sin posibilidad de réplica.

González tampoco dio detalles a los periodistas que le asaltaron después de la sesión. Se limitó a decir que no considera conveniente una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas conexiones entre funcionarios policiales y los GAL. Y sólo entró al trapo cuando los informadores le pidieron su opinión sobre las declaraciones del líder del CDS, Adolfo Suárez, desde Estados Unidos, y publicadas ayer en Diario 16. El ex presidente dijo que él nunca hubiera aprobado la creación de los GAL. "Yo tampoco lo hubiera aprobado", señaló González. "Y en ese sentido, ¿qué quieren? ¿Que haga un juego de pingpong y decir que yo tampoco hubiera prestado nunca mi apoyo ni a Batallones Vasco-Españoles, ni a historias? De ninguna manera; éste es un tema serio". González recordaba así al grupo terrorista de extrema derecha que actuó contra ETA en los primeros años de la transición democrática, cuando Suárez era el presidente del Gobierno.

El portavoz más descarnado en cuanto a las implicaciones del GAL con las Fuerzas de Seguridad del Estado fue Gerardo Iglesias, de Izquierda Unida, a quien el presidente del Congreso, Félix Pons, interrumpió tres veces, pidiéndole que se ciñera al objeto de la comparecencia, que era hablar de los cambios en el Gobierno, y advirtiéndole de que se terminaba su turno. Iglesias recordó que corresponde a los jueces determinar la responsabilidad penal, pero que las responsabilidades políticas recaen en el presidente del Gobierno. "Usted (Felipe González) no ha tomado ni una sola medida política. ¿No es un daño para la democracia que la opinión pública considere que el Gobierno está detrás de los GAL?", se preguntó.

El presidente del Partido Liberal, José Antonio Segurado, afirmó que la presunta relación de policías con los GAL plantea un problema de credibilidad del sistema democrático. Javier Rupérez, de la Democracia Cristiana, solicitó de González que impulse una comisión de investigación sobre los fondos reservados de Interior. Y el diputado de Euskadiko Ezkera, Juan María Bandrés, habló de "terrorismo financiado", y se preguntó también si el cambio en el Ministerio del Interior se ha hecho para que no gane siempre este departamento y no pierda siempre Justicia. Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, solicitó una investigación sobre los GAL "sin que a nadie le tiemble el pulso".

Agustín Rodríguez Sahagún pidió, en nombre del CDS, "el sometimiento de las instituciones a la legalidad" y atribuyó a González la responsabilidad de "defender al Estado frente a toda sospecha", también en relación con los GAL. Los nombres de Amedo y Domínguez fueron pronunciados igualmente por el portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, quien recordó la absoluta necesidad de ajustarse al Estado de derecho, aunque insistió en el apoyo de su grupo al Ministerio del Interior. Los portavoces de Minoría Catalana, Miquel Roca, y de Coalición Galega, Xenen Bernárdez, fueron los únicos oradores que no mencionaron a los GAL.