Discriminación en el acceso al sistema público

Hace poco, los máximos responsables de la Administración sanitaria han señalado la posibilidad de establecer un sistema de tasas que tendrían que abonar los ciudadanos a la hora de utilizar determinados servicios sanitarios. Tal sistema, de establecerse supondría una grave discriminación de los ciudadanos en el acceso a la salud.La justificación que han dado nuestros responsables sanitarios para el establecimiento de tasas por la utilización de los servicios sanitarios es doble. Por un lado, se trataría de encontrar una fuente adicional de financiación del sector sanitario, y por el otro, un sistema de disuasión a los ciudadanos, que, al dejar de ser gratuitos los servicios sanitarios, tenderían a una utilización menor de los mismos.

El primer efecto que tendría el establecimiento de un sistema de tasas sería el de la discriminación de los ciudadanos en el acceso a las prestaciones sanitarias en razón de su situación económica, y, por tanto, abriría una importante brecha entre unos ciudadanos con facilidades para usar de todas las prestaciones asistenciales, aquellos con más medios, y otros, los más pobres, que estarían limitados en su uso.

Se marginaría así a los sectores que, precisamente por su carencia de medios económicos, no tienen otra alternativa asistencial, y se establecería un obstáculo para la necesaria equidad que debe ser uno de los objetivos de cualquier sistema sanitario público.

El segundo es todavía más grave. En el último informe de, la OCDE sobre recursos sanitarios se señala que el 25% de los ciudadanos consume el 50% de los gastos sanitarios; el 2%, el 50% de los gastos hospitalarios, y el 10%, el 75% del total del gasto sanitario. Es decir, que hay un sector de los ciudadanos, reducido numéricamente, que es el que consume la mayor parte del gasto sanitario, debido a que ha sido más desfavorecido por la fortuna.

Se trata de las personas que han nacido con graves malformaciones, las que presentan enfermedades crónicas graves (insuficiencia renal crónica, etcétera) y minusvalías importantes. Un sistema de tasas penaliza precisamente a este sector de la población que tiene la desgracia de necesitar más del sistema sanitario. Se trata, pues, del planteamiento opuesto al solidario que debe regir cualquier sistema de salud, aquel en el que todos los ciudadanos contribuyen para que los más desfavorecidos puedan tener una atención sanitaria suficiente.

Por fin, está el efecto disuasorio de las tasas. Es evidente que se produce, pero como se ha demostrado en el Rand Health Insurance Experiment, en EE UU, en 1986 sólo tiene efectos en los grupos de población de recursos escasos, que disminuyen la frecuentación y la hospitalización, incluso en los casos en que éstas serían necesarias desde un punto de vista exclusivamente sanitario.

Discriminación

Es obvio, por tanto, que el pretendido establecimiento de tasas por la utilización de los servicios sanitarios 'supone introducir factores de discriminación en el acceso de los ciudadanos a la salud, por motivos economicistas, y un retroceso en la situación actual que aleja cada vez más el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos que reconoce la Constitución.