Continuidad en las principales carteras del Ejecutivo, salvo Interior y Educación

El cambio en el Gobierno de Felipe González no afecta, excepto en lo que respecta a la cartera de Interior y tal vez la de Educación, a los ministerios cuyo peso en la gobernación del país marca las grandes directrices de la política, como son los de Economía, Asuntos Exteriores y Defensa. En los tres permanecen respectivamente Carlos Solchaga, Francisco Fernández Ordófiez y Narcís Serra. Asimismo, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, seguirá siendo vicepresidente del Gobierno.Permanecen asimismo en sus puestos los ministros de Obras Públicas, Javier Sáez de Cosculluela; Agricultura, Carlos Romero; Sanidad, Julián García Vargas; Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y Trabajo, Manuel Chaves.

La continuidad de Narcís Serra supone la prosecución de una política de renovación y modernización de los Ejércitos, así como de creciente relación con los aliados de la OTAN. El mismo sentido tiene la permanencia como ministro de Asuntos Exteriores de Francisco Fernández Ordóñez, quien sustituyó en esta cartera a Fernando Morán en 1985, meses antes de que el Gobierno del PSOE se lanzase a la realización del referéndum por el que los españoles aprobaron, en la primavera de 1986, la permanencia del país en la alianza.

Carlos Solchaga, ministro de Industria y Energía en el primer Gobierno socialista, sustituyó a Miguel Boyer al frente de Economía y Hacienda, y por tanto en la dirección económica del Gobierno, también en 1985. En los algo más de cinco años que lleva en el Gobierno Solchaga ha mantenido una lucha casi permanente con los sindicatos, en especial con UGT, toda vez que su actividad fundamental fue el proceso de reconversión industrial, aplazado hasta entonces por la necesidad de consolidar el proceso político y, después, mantener a rajatabla el proceso de ajuste iniciado por el primer Gobierno socialista.

La moderación salarial, ligada estrechamente a la evolución del IPC, cuya contención ha sido el objetivo básico desde 1982, ha sido el caballo de batalla de la lucha entre las dos partes. Todo ello unido a los desajustes iniciales de la incorporación de la economía española a la Comunidad Europea y la defensa a ultranza de que para que se cree empleo en una sociedad es necesario primero que se recuperen los excedentes empresariales en una medida suficiente.

El fuerte crecimiento económico de los dos últimos años registrado en España ha servido como válvula de escape, ya que, a pesar de seguir creciendo el nivel de paro, se ha producido una cierta creación de empleo que ha mitigado las tensiones sociales anteriores. Todo ello unido a una tímida apertura a algunas tesis sindicales como el aumento positivo de los salarios reales una vez que los beneficios de las empresas se han colocado a unos niveles que han permitido que, por primera vez en una década, se produjera un crecimiento sostenido de la inversión productiva. A pesar de todo ello el enfrentamiento entre la línea Solchaga y las tesis sindicales se mantiene en términos muy duros.