La nueva ley de amnistía francesa provoca un agrio debate en el Parlamento

La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer de madrugada en primera lectura la ley de amnistía que acompaña toda elección de un presidente de la República. La discusión fue motivo de los primeros ataques frontales de neogaullistas contra la nueva y relativa mayoría parlamentaria socialista, que consiguió la aprobación de la ley con los votos comunistas, ante la abstención del nuevo grupo centrista UDC (Unión del Centro) y de la UDF (Unión para la Democracia Francesa) y los votos en contra de los neogaullistas del RPR (Asamblea para la República).

El momento más áspero se produjo en un tema colateral, el fin de las medidas de aislamiento de los presos terroristas (corsos, canacos, martiniqueses, Acción Directa e Iparretarrak) dictado el lunes por el ministro de Justicia, Pierre Arpallainge. "Son 200 presos que podrán concertarse y amenazar de nuevo la vida pública", dijo el diputado del RPR Jacques Toubon. Y añadió: "Vosotros no habéis aprendido nada, pero nosotros no hemos olvidado nada", en referencia ala ley de 1981, tras la primera elección de Mitterrand, que puso en la calle a varios dirigentes de Acción Directa implicados entonces en delitos de poca monta.El aislamiento de los presos terroristas ha sido criticado por la Liga de los Derechos del Hombre y por Amnistía Internacional, que con este motivo incluyó a Francia en su último informe. Cuatro dirigentes de Acción Directa mantuvieron una larga huelga de hambre contra estas medidas de aislamiento, consideradas por sus abogados como "tortura psicológica".

Vuelta atrás

Como consecuencia de la polémica, el primer ministro, Michel Rocard, anuló ayer parte de las medidas dictadas el lunes por Arpallainge, sobre el aislamiento de los presos por delitos de terrorismo autorizó la continuación de la incomunicación para ciertos presos condenados por delitos de sangre y considerados como peligrosos, como es el caso de los dirigentes de los grupos terroristas Iparretarrak (nacionalistas vascos franceses) y el izquierdista Acción Directa.La ley de amnistía del segundo septenio de Mitterrand es menos flexible que la de 1981. Quedan incluidas las penas inferiores a cuatro meses, en vez de seis meses, y todos los casos relacionados con actividades terroristas. Su aspecto más popular es el que afecta a las multas de tráfico, cuya anulación suscitó la unanimidad parlamentaria.

La casi unanimidad se produjo en un detalle que interesa a la clase política, la amnistía de los delitos de financiacion ilegal de las campañas electorales y de los partidos, que sólo obtuvo los votos negativos de los comunistas. La financiación ilegal ha salpicado a todos los grandes grupos (RPR, UDF y Partido Socialista), que cuentan con buen número de militantes procesados.

El debate clásico entre derecha e izquierda, que condicionó la votación final de la ley, se produjo a propósito de la readmisión por las empresas de los representantes sindicales despedidos por faltas graves. Comunistas y socialistas votaron juntos en favor de la readmisión, mientras el RPR acusaba de nuevo al Gobierno de pactar con los comunistas y pedía mayor generosidad con los delitos patronales.

Un último y paradójico efecto de la amnistía es el que afecta a 623 ciudadanos extranjeros en situación ilegal y condenados, que pueden ser expulsados nada más salir de la cárcel. Tras su aprobación en la Asamblea, el texto volverá al Senado y terminará en una comisión mixta.

La amnistía excluye las infracciones de tráfico en estado de ebriedad o que han producido heridas con consecuencia de incapacidad en el trabajo, a los delegados sindicales condenados por violencias castigadas con prisión de cuatro meses, el fraude electoral, los delitos de financiación ilegal de partidos posteriores al 11 de marzo de 1988 (fecha de la aprobación de la ley de financiación de partidos y campañas electorales), el abandono de familia y la suspensión de pensión alimenticia.