Del dicho al hecho

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, aseguró la pasada semana en Burgos -en lo que se interpretó como una despedida ante el próximo reajuste- que el programa con el que los socialistas se presentaron en el año 1982 a las elecciones, en lo que se refiere a la justicia "en este momento se encuentra cumplido". Una lectura de aquel programa y la observación de lo realizado muestran que no se ha completado el anunciado desarrollo legal de la Constitución, no se ha implantado el jurado, no se ha aprobado la ley de amparo judicial ni se ha elaborado el "prioritario" nuevo Código Penal, no se ha modernizado la estructura judicial y no se han cumplido los ambiciosos planes para mejorar la dotación económica de la justicia.

Entre los llamados por el programa socialista "derechos de participación de los ciudadanos", el PSOE, en línea con la previsión constitucional, fue tajante en una promesa: "El Gobierno establecerá el jurado...". Las dificultades para su implantación, advertidas recientemente, no contaron entonces. En cualquier caso, organizaciones de jueces, fiscales y otros juristas, a quienes cabe atribuir conocimientos en la materia, discrepan del criterio gubernamental de que establecer ahora el jurado sería perturbador.No se ha desarrollado legalmente el derecho constitucional a la intimidad frente a los riesgos del uso de la informática. Aparte de la exigencia contenida en el artículo 18.4 de la Constitución, el programa socialista sobre esta materia señalaba: "...el enorme desarrollo tecnológico en materia de informática exigirá un urgente tratamiento legal". Seis años después, la prevista urgente ley no se ha elaborado.

En cambio, sí se ha cumplido la previsión programática de no sustituir la vieja ley de Prensa de Manuel Fraga. Pero, aunque se trata de una ley superada por la Constitución, la falta de una derogación expresa lleva a algunos jueces a aplicarla, sobre todo en aspectos en los que existen vacíos en la legislación vigente. Dentro de este capítulo, el PSOE programó "una regulación más eficaz de los derechos de réplica y rectificación", así como "de la cláusula de conciencia y del secreto profesional, del periodista". Sin embargo, no ha llegado todavía la hora para estos últimos derechos. Bien es verdad que el desarrollo restrictivo de otros derechos fundamentales, como el de objeción de conciencia, aconseja quizás no ser impacientes.

Por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, el PSOE programó en 1982 "el desarrollo legislativo del llamado amparo judicial o procedimiento sumario y preferente", explicaba, "ante la jurisdicción ordinaria". En esta línea, también prometió que "el nuevo Código Penal insistirá de modo particular en la represión de todas aquellas conductas que representen un atentado a los derechos fundamentales". El prometido Código Penal, objetivo prioritario", no se ha aprobado y sólo se han realizado reformas parciales.

En materia de reforma de la administración de justicia, considerada "urgente" en 1982, en julio de 1985 entró en vigor la ley orgánica del Poder Judicial, pero la ley de Planta y Demarcación, prevista para un año después, sólo hace unas semanas que ha llegado a las Cortes, por lo que esta importante ley para la adaptación de la estructura judicial del siglo XIX a la realidad demográfica y territorial de la España de hoy, no es probable que entre en vigor en 1988.

Tampoco se han realizado las prometidas reformas procesales o al menos no se han realizado con la amplitud prevista en el programa socialista, que les atribuía la virtud de evitar "las tácticas dilatorias", eliminar los "trámites innecesarios", simplificar los procedimientos, potenciar el juicio oral. La realidad del colapso existente es la prueba palpable de que tales reformas no se han llevado a cabo. Para lograr este objetivo estaba previsto un drástico aumento en el número de jueces, fiscales y personal auxiliar, que tampoco se ha producido en el volumen requerido.

Pero el dato quizá más sintomático del incumplimiento del programa en materia de justicia es la escasa dotación de medios materiales. Los aumentos presupuestarios del Gobierno socialista, notables si se les compara con situaciones precedentes, han sido insuficientes, porque no han llegado al 1% del presupuesto de gastos del Estado, cuando en otros países europeos que no contaban con el atraso ole España se alcanzan porcentajes muy superiores.

En cualquier caso, el esfuerzo presupuestario del Gobierno por lo que a la justicia se refiere no ha sintonizado con la claridad de ideas que el programa del PSOE mostraba en esta materia. "Una justicia eficaz y digna es incompatible con la falta de medios con que se encuentra su administración", decía. Estas palabras se remataban con un proyecto no cumplido: "Hay que hacer justicia a la justicia y, para ello, no sólo son necesarios los, cambios legislativos que propugnamos; será preciso un importante esfuerzo económico nacional que ponga remedio a esta situación".

Objetivos cumplidos

Entre los objetivos programáticos cumplidos resalta la regulación legal de algunos derechos fundamentales, como el hábeas corpus, el asilo, la asistencia letrada al detenido, la objeción de conciencia y la reunión y manifestación. Asimismo, entre otras reformas parciales del Código Penal, se despenalizó el aborto en los tres supuestos previstos en el programa de 1982. La modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de libertad provisional, que tuvo como consecuencia la salida de numerosos presos de las cárceles, fue rectificada año y medio después con la denominada reforma de la reforma.Algunos avances en la modernización de la justicia fueron los notables incrementos presupuestarios y el acceso a la función judicial de juristas ajenos a la magistratura. En el objetivo de lograr una justicia "gratuita para todos los ciudadanos" se dio el paso de la supresión de las tasas.