'Sin malicia'
Existen precedentes de la resistencia del Ministerio del Interior a la investigación judicial sobre las implicaciones policiales e institucionales en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).El comisario Manuel Ballesteros se negó a revelar la identidad de tres confidentes policiales que cruzaron la frontera de Hendaya el 23 de noviembre de 1980 tras un atentado en el sur de Francia. En él resultaron dos personas muertas y diez heridas.
El Tribunal Supremo absolvió al comisario por entender que actuó sin malicia. La Audiencia Provincial de Guipuzcoa condenó al comisario a tres años de suspensión de empleo y una multa de 100.000 pesetas como autor de un delito de denegación de auxilio a la justicia.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo asumió el relato de los hechos realizado por la audiencia provincial, pero absolvió al condenado, por estimar que, aunque Ballesteros tenía el deber de revelar la identidad solicitada, para que exista delito, la negativa a colaborar con la justicia tiene que ser "maliciosa".
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