Jueces progresistas y moderados piden al Poder Judicial contundencia contra la actitud de Barrionuevo

BONIFACIO DE LA CUADRA Representantes de las asociaciones judiciales progresista y moderada, ambas minoritarias, reprocharon ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no actúe de acuerdo con "la importancia" que atribuye a la negativa del ministro del Interior, José Barrionuevo, a contestar al juez Baltasar Garzón sobre los fondos reservados de su departamento. Por mayoría de 11 votos sobre 19, el CGPJ acordó a última hora del pasado miércoles que el juez Garzón le remita nuevos datos "a fin de pronunciarse sobre las medidas de protección de la independencia judicial que procediere adoptar".

Otra propuesta de acuerdo, votada por ocho consejeros, se refiere a la "gravedad y trascendencia" de los hechos y pide al juez Garzón que traslade al Consejo cuantas actuaciones estime perturbadoras de la independencia judicial. Por último, tres vocales se mostraron partidarios de "poner los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado", dos de ellos para que, en su caso, promueva "las acciones pertinentes en defensa de la independencia del juez", y uno "para que valore y en su caso inicie las pertinentes acciones legales, por si [los hechos] fueran constitutivos de los delitos de falta de colaboración con la justicia y de ataque a la independencia judicial".En la línea de estas últimas propuestas, Jueces para la Democracia "urge al CGPJ para que, precisamente por la importancia que reconoce a los hechos, condene con la necesaria claridad y contundencia lo que constituye una gravísima obstrucción al ejercicio de la jurisdicción", al tiempo que "reclama de los altos responsables" de la actitud ministerial "una inmediata reconsideración".

Inmunidad policial

El secretariado de Jueces para la Democracia, uno de cuyos portavoces es actualmente Perfecto Andrés Ibáñez, evalúa los hechos como "una preocupante escalada", en la que "el Gobierno", dice, "da un paso más hacia el fortalecimiento de zonas de inmunidad para la actividad de la policía frente al control judicial, ahora en razón del particular régimen contable de unos fondos reservados, cuyo uso, aún cuando pudiera haber sido delictivo, estaría por encima del Código Penal, a juzgar por las manifestaciones del ministro del Interior".

Jueces para la Democracia considera qué "ésta pretensión, como la del mismo Barrionuevo de hallarse amparado por una suerte de secreto profesional, al convertir a los gestores de la democracia en incontrolables profesionales del secreto, pone bajo sospecha a fundamentales instituciones del Estado, que debieran ejercer la transparencia como norma de actuación, y reduce el papel de la justicia a función servil, precisamente allí donde la naturaleza del poder que se ejerce demanda mayor control".

El magistrado Carlos Granados, dirigente de otra asociación judicial minoritaria, la moderada Francisco de Vitoria, expresó su "preocupación" por la actitud gubernamental y respecto al acuerdo adoptado por el CGPJ, añadió "Esperamos que el Consejo se pronuncie de una manera más clara y contundente, de acuerdo con la propia importancia que atribuye a los hechos".

Por su parte, el magistrado Juan Miguel Esteve Campillo, secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, señaló que, "aún cuando la actitud ministerial puede implicar algún tipo de, desobediencia al juez, no hemos adoptado ninguna postura asociativa, dado que las posibilidades de actuación jurisdiccional no están agotadas y no se ha llegado a una situación límite". El dirigente de la APM recordó que la resistencia gubernamental a colaborar con los jueces "no es algo excepcional, sino frecuente", y agregó: "Éstas resistencias se vencen con los mecanismos jurisdiccionales de que dispone el juez".

En contraste con la pasividad del Ministerio Fiscal, un miembro del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, el fiscal de Alicante Miguel Gutiérrez Carbonell, aseguró ayer que "el juez está en su derecho de recabar la información solicitada sobre el destino de los fondos del Ministerio del Interior, que son reservados, pero no secretos". Añadió que "en una causa judicial no existe impedimento legal para que el juez obtenga esos datos".