El sindicato de camioneros de EE UU, acusado de ser una sucursal de la Mafia
![Francisco G. Basterra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F26f1666e-8865-4b38-9825-e308de656829.png?auth=690528c49e3824418e30ff3ed7a3e27b8e03b84858dbfba27dd43e81c6d4b120&width=100&height=100&smart=true)
El Gobierno norteamericano, en una acción sin precedentes, actuó ayer judicialmente contra uno de los principales sindicatos del país, al que acusa de ser una sucursal de la Mafia y estar dominado por el crimen organizado. Se trata del legendario sindicato de transportistas, Teamsters Union, uno de los pocos que apoyó a Ronald Reagan y a George Bush en las campañas presidenciales de 1980 y 1984. Es un esfuerzo para "acabar de una vez por todas con un gran escanda lo: la alianza del crimen organizado con el sindicato de camioneros" explicaron los fiscales.
El fiscal federal de Nueva York, Rudolph Giuliani, ha presentado una demanda contra el sindicato dirigida a reemplazar a toda su actual dirección y a colocarlo bajo administración gubernamental, hasta que pueda ser limpiado de la influencia del gansterismo. El principal líder sindical norteamericano, Lane Kirkland, arremetió ayer contra el Gobierno, al que acusa de querer acabar con el "sindicalismo libre". Pero el ministro de Justicia, Edwin Meese, ha afirmado que se trata sólo de una "acción quirúrgica" para salvar al sindicato del dominio del crimen organizado."Si Reagan hubiera sabido esto, no hubiera aceptado su apoyo electoral", explicó Meese al referirse a la ayuda del sindicato de camioneros, que en los años sesenta fue dirigido por Jimmy Hoffa, el paradigma del gansterismo sindical. "Entonces", explicó el ministro de Justicia refiriéndose al apoyo a Reagan, "no teníamos las pruebas contra los Teamsters que poseemos ahora". La justicia acusa al sindicato de haber realizado un pacto diabólico con la Cosa Nostra, cuyos dirigentes -asegura- han manipulado las elecciones de los líderes de los transportistas, incluyendo los dos últimos presidentes, impidiendo el libre juego sindical.
El proceso abierto, producto de una investigación federal iniciada hace más de 10 años, persigue arrancar al sindicato de camioneros de las garras de la Mafia. La querella cita como acusados a todo el comité ejecutivo de los Teamsters, incluido su presidente, Jackie Presser, y a 26 personajes del crimen organizado, toda la flor y nata de la Mafia: El Gordo Tony Salerno, El Serpiente Carmine Serpico y Tony Corallo.
El fiscal Giuliani, azote del crimen organizado, al que está sentando desde hace dos años en el banquillo, y del crimen de cuello blanco de los financieros de Wall Street, acusa en el pleito abierto que "el crimen organizado ha privado a 1,6 millones de miembros del sindicato de sus derechos mediante un sistema de corrupción y chantaje que incluye 20 asesinatos: atentados con bombas, palizas una campaña de miedo, sobornos, extorsión, robo y malversación de fondos".
La mitad de la ejecutiva
Giuliani, el fiscal más valiente del país, explicó que casi el 50% de los que se han sentado en la ejecutiva de los Teamsters desde 1970 han sido condenados o procesados por actividades ilegales antes o durante su paso por el cargo. Cuatro de los cinco últimos presidentes del influyente sindicato, incluido el actual, Presser, han sido procesados y tres encarcelados. Presser, que sufre de un cáncer cerebral, fue ingresado de urgencia ayer en un hospital nada más conocerse la noticia de la acción gubernamental contra su sindicato.El sindicato de camioneros, famoso por su secretismo, nepotismo y violencia, volvió a ser admitido el pasado octubre en el seno de la poderosa confederación sindical norteamericana AFL-CIO, 30 años después de haber sido expulsado de la misma por corrupción.
El presidente de la AFL-CIO, Lane Kirkland, denunció ayer la acción del Ministerio de Justicia como un "claro abuso de poder".
Por su parte, el secretario de los Teamsters, WeIdon Mathis, dijo que es un "calumnioso ataque contra el sindicato individual más poderoso del mundo". Se trata de un "intento vergonzoso de destruir un sindicato democrático".
El Gobierno se defiende afirmando que se trata únicamente de un "esfuerzo legal preciso y cuidadosamente delimitado para acabar con la corrupción de la Mafia en el sindicato".
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