Brutalidad estalinista
La persecución en Rumanía ha alcanzado en los últimos meses un grado de brutalidad para el que hay que buscar precedentes en las épocas más radicales del estalinismo en la Unión Soviética. La policía política rumana ha torturado, lanzado al paso de trenes y atropellado a húngaros que protestaron contra la política de asimilación forzosa de su minoría. Otros han desaparecido. Miles de húngaros entre 18 y 55 años fueron reclutados el pasado otoño para un servicio militar suplementario. Varios cientos realizan trabajos forzosos en la central nuclear de Cernovoda.La Rumanía de Nicolae Ceaucescu, en un creciente aislamiento internacional, bloquea el acuerdo en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) de Viena por su oposición al paquete de medidas sobre derechos humanos. Al mismo tiempo llegan a Budapest noticias de Rumanía sobre las deportaciones masivas de húngaros a regiones alejadas de Transilvania, de la destrucción sistemática de cementerios, iglesias y pueblos y la aplicación del régimen de trabajo forzoso en diversos centros industriales.
Observadores de la Federación Internacional Helsinki de Derechos Humanos acusan asimismo al régimen rumano de "hacer desaparecer a personas que denuncian la represión". "Hay muchos casos de tortura y asesinato de húngaros que han protestado contra la violación de los derechos humanos y contra la eliminación de la minoría húngara en el país". La minoría húngara de los csango -unas 250.000 personas, que viven en Moldavia aisladas de los 1.750.000 húngaros que viven en el resto de Rumanía- tiene prohibido hablar húngaro incluso en casa, y también le son prohibidos los contactos con toda persona extraña a su comunidad. La rica cultura de los csango, en la que se inspiró el compositor Bela Bartok, está condenada a desaparecer bajo Ceaucescu.
La federación, que vigila la aplicación de los acuerdos del Acta de Helsinki, firmada en 1975 por 35 países europeos, entre ellos Rumanía, ha publicado un informe, titulado SOS Transilvania, en el que se acusa al régimen de Ceaucescu de "graves violaciones de los derechos humanos, tanto de las minorías étnicas como de los rumanos". El informe concluye que Ceaucescu ha decidido entrar en la recta final de la liquidación de las minorías nacionales.
