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Tribuna:

Investigación en Gibraltar

La última y más divertida película de James Bond, el agente 007, empieza con unas espectaculares escenas de acción en Gibraltar: paracaídas, coches que bajan en llamas por tortuosas carreteras, buenos, malos, muertes a sangre fría. La esencia del James Bond que conocemos desde hace 20 años es su simpatía algo cínica, su éxito envidiable con las mujeres y su licencia para matar.Todo eso está muy bien en el celuloide. Repentinamente, sin embargo, el pasado 6 de marzo, en el mismísimo Gibraltar, soldados del grupo de operaciones especiales del Ejército británico abatieron sin contemplaciones y con la misma agilidad, rapidez y puntería que 007 a tres terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Sin duda tenían licencia para matar. Pero, ¿son héroes o asesinos? De golpe, el entretenimiento familiar de una tarde de cine se había convertido en una tragedia muy real, con muertos de verdad, tirados en la calzada, expuestos al horror de cualquiera.

¿Intentó el Gobierno británico cubrir de silencio el caso? Evidentemente no, porque, de haberlo querido, habría invocado la ley de secretos oficiales. Intentó, eso sí, justificar inmediatamente la acción de las fuerzas especiales y sugerir que había ocurrido en defensa de los intereses del Estado. ¿Justificaba, al tiempo, la ejecución indiscriminada de terroristas? El 7 de marzo, a preguntas de parlamentarios de la oposición, el ministro de Asuntos Exteriores, Howe, contestó que los terroristas acababan de aparcar un coche-bomba en la arteria principal de la colonia y que habían sido abatidos por soldados que actuaban en defensa propia. Probablemente, en ese momento, no sabía que ninguna de las dos cosas era cierta. Con pocas excepciones, los parlamentarios aprobaron la acción, olvidando, tal vez, que la conducta del Estado debe diferir de la de los terroristas. Luego, gracias a los medios de comunicación, se supo que los integrantes del comando IRA no habían plantado bomba alguna (todavía) y varios testigos del drama explicaron que los soldados habían disparado contra los terroristas, dándoles muerte, sin advertencia previa.

Preguntas

Las dos cadenas de televisión pusieron en antena sendos programas que, con testigos y lógica, daban una versión considerablemente distinta de la del Gobierno. La primera ministra acusó a ambas de juzgar a los soldados antes de que los tribunales hubieran emitido un veredicto. Olvidaba que los soldados también parecían haber juzgado a los terroristas antes que los tribunales y que los habían ejecutado, en un país, además, en el que la justicia no habría podido hacerlo, puesto que está abolida la pena de muerte. Sin embargo, la última palabra sobre lo que ocurrió y sobre si hay indicios de criminalidad tiene que darla el coroner's inquest, la investigación del forense.

En el Reino Unido, el forense abre una investigación cuando se ha producido una muerte por causas que no son naturales. Debe determinar cómo, cuándo y dónde ocurrió la muerte. No puede, sin embargo, manifestar opinión sobre las causas del hecho, porque si cree que existe indicio de criminalidad, la investigación se suspende y sus conclusiones previas son pasadas al fiscal, que es quien debe querellarse contra los presuntos asesinos. Si en las muertes ha intervenido la policía o si ocurrieron con riesgo para personas inocentes, la investigación se hace en presencia de un jurado, cuyas decisiones se toman por mayoría. El veredicto no puede ser utilizado como prueba en un juicio contra los presuntos homicidas.

Estaba previsto que el coroner's inquest sobre este asunto empezara hace una semana. Ha sido pospuesto hasta el mes de agosto y hay quien sugiere que el retraso es una forma de presionar sobre el forense. También es posible que se esté considerando someter la investigación directamente a un tribunal presidido por un High Court judge, una especie de magistrado de la Audiencia Nacional, lo que facilitaría el secreto de las deliberaciones y un análisis de las causas y de los indicios de criminalidad.

Concluido este procedimiento, el fiscal general de Gibraltar podrá reclamar la detención y extradición a la colonia de los miembros de las fuerzas especiales que intervinieron en la acción del 6 de marzo, si cree que pueden ser juzgados allí por asesinato u homicidio. Momento en el cual empezarán a operar dos normativas distintas. Por un lado, la ley de Jurisdicción Extranjera otorga inmunidad de jurisdicción "a los que hubieren cometido el presunto crimen siendo miembros de las fuerzas armadas", siempre y cuando el propio Ejército británico les aplique la reglamentación disciplinaria interna. Por otra parte, si de todos modos fueren juzgados, es presumible que el juicio se celebrara a puerta cerrada y que el juez fuera informado de que los soldados actuaron utilizando "fuerza razonable" o medios proporcionados a la amenaza, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones Militares..., que es secreto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de junio de 1988

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